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Estructura de la Radiodifusión Salvadoreña

Roberto Pérez, periodista y catedrático de la Universidad de El Salvador comparte el contenido de su investigación “Estructura de la Radiodifusión Salvadoreña”, en la que se muestra la manera en que la concentración de los medios de comunicación del gran capital invisibilizan ciertos sectores de la población a través de la construcción de una agenda mediática, una línea ideológica, un mercado de competencia entre otros elementos más.

Michelle Ramirios

La investigación es una primera etapa de un proceso que ya está en marcha y que inició desde hace un año y está referido específicamente a concesión de las radios FM.

¿En qué consiste la investigación?

La investigación trata de platear la estructura de las radios salvadoreñas, específicamente destinado a las radios en frecuencia FM, porque estas son las que adquirieron más preponderancia en la migración del espectro radiofónico del AM al FM y empezaron a explotar más la lógica del mercado y existía muchos mitos sobre los propietarios de los medios, pero no sabíamos cómo estaba distribuido ese mapa, y en la investigación tratamos de investigar ¿dónde está?, ¿qué hace? En cada uno de sus territorios y cómo están distribuidas y sobre todo cómo es que se ha logrado esa concentración de frecuencias.

Hace un análisis de las radios comunitarias como un referente de la construcción del poder mediático o ese modelo de comunicación que hoy por hoy conocemos.

¿Cuál fue el papel que jugó ANTEL en todo este proceso, en la concesión de las radios?

Hay que entender que ANTEL fue un ente que duró muy poco tiempo, los pioneros de las radios se dieron cuenta que necesitaba haber algo que regulara el espectro radioeléctrico y había la necesidad de una instancia de comunicación y se crea ANTEL en 1963 pero todavía no existía una visión clara sobre el tema de las comunicaciones.

¿Tal vez porque eran militares los que estaban al frente de la institución?

Digamos que sí y no, lo que pasa es que en ese momento no se visualizaban las comunicaciones como un gran negocio, tanto fue así que en los años 70’ se detuvo todo el proceso de concesión de frecuencias y con el reglamento que se creó en 1973 no se logró mucho, pareciera que con el reglamento detuvo este proceso de concesionar frecuencias porque ya se visualizaban las frecuencias FM, y muchas radios no tenían descodificador FM y quien se aventurara a tener una radio FM tenía una desventaja frente al posicionamiento que tenían las radios AM.

En los años 80’ los militares que tuvieron control empezaron hacer muchos favores, visualizaron y concesionaron a diestra y siniestra frecuencias en FM con un ente regulador muy simple, luego discrecionalmente ANTEL concesionaba una frecuencia, y le dieron frecuencia a una cantidad de personas y fue ahí que se empieza a saturar el dial en los 80’.

¿Y quedan fuera otros sectores sociales?

Lo que pasa que entregaron frecuencias a personas particulares, ni siquiera a sociedades, hoy las grandes empresas mediáticas que existen en el país tienen frecuencias concesionadas a nombre de personas, ahora ya las han legalizado como sociedades, en ese momento no existía el concepto de radios comunitarias, en los 80’ lo que existía eran las radios clandestinas, siguiendo ese modelo con las nuevas poblaciones repatriadas a finales de los 80’ surgen modelos de organizar la comunidad en la necesidad de comunicarse y empiezan a tener radios siguiendo el modelo de la clandestinidad, tampoco había mucha iniciativa de gestionar frecuencias si todavía era el período de la guerra y era evidente que no podían entrar en un proceso legal, ni de igualdad ni equidad.

¿Y con la propuesta de radios ciudadanas que propuso ASDER?

Eso es un proceso inevitable, hay cosas que la democracia te van empujando a nivel internacional pero si nos situamos a finales de los 80’ y luego con la firma de los Acuerdos de Paz, el presidente Alfredo Cristiani en 1989 y pone a alguien de su plena confianza y empiezan a visualizar y lo primero que hacen es detener la concesión de frecuencias, pero ya casi todo el espectro estaba concesionado u en 1992 la cosa se pone más clara hay una política de privatizar el espectro, específicamente el rubro que tiene que ver con las telefonías, cuando entra ese proceso había que detener todo y recuperar frecuencias y revisan frecuencias que eran ilegal y ahí entran las radios comunitarias y utilizan los mecanismos coercitivos para recuperar frecuencias.

El tema de la concentración era tal que la pauta publicitaria estaba en manos de aquellos que la habían concentrado. El 1994 surge la Ley de Telecomunicaciones la surge la SIGET (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones) y el primer rasgo que tiene en su ley es que quien puede tener una frecuencia es quien pueda pagar por ello y se hace un proceso de subasta y había muy poco que ofertar, esto deja la posibilidad de tener radios pequeñas y hay que entender que un medio público debe tener la igualdad de condiciones que puede tener cualquier empresa privada.

Para las grandes empresas mediáticas, las radios comunitarias son más competencia porque las radios comunitarias compiten con el mercado y para el gran capital sí es una amenaza y el mecanismo que tienen para detenerlas es no pautar con ellas. Los medios estatales ahora que ya pueden pautar y les hace competir y un gran sector se ese comercio que está concentrado puede pautar ahí porque el medio le da cierto nicho poblacional.

¿Eso no viene a condicionar la línea de los medios?

Eso es un debate que tiene que ver con modelos, hay que analizar otros modelos y hay diferentes formas de modular eso, el tema es cómo regular el medio y el mercado, es evidente que hay medios que las agencias de publicidad les paute la agenda y puede pasar con los medios públicos pero hay que apostar y fortalece los medios públicos para que sean fuertes por sí mismos, los entes de fiscalización del Estado no es lo que más les ha interesado fortalecer.

Hay que fortalecerlas con un marco legal, con un consejo al interior de estos medios que tengan la capacidad de poder sobrellevar eso.

¿Cómo debe ser ese marco legal?

Debe garantizar de que independientemente de quien gobierne el medio se mantenga firme, que debe ser una administración compartida entre el Estado y los ciudadanos, debe ser autónoma en el sentido de que debe tener cierta libertad para no estar sujeta a los cambios de gobierno, integrar a la mayor población civil en su concejo editorial, administrativo y organizacional.

El otro elemento es el factor educativo de la población, porque es el principal problema con el que se va enfrentar el medio público, no sabemos qué es un medio público, ni tampoco sabemos qué es un medio ciudadano porque lo único que se considera como medio de comunicación es lo que hoy por hoy es lo que impera, por eso es que es una estructura hegemónica que priva en el mercado. Lo que hay que hacer es educar a los ciudadanos y defender esas conquistas que se conocen como derechos humanos de cuarta generación que es el empoderamiento civil.

¿La ley de Telecomunicaciones cumple o contempla ese deber de formar y educar?

Esa ley fue creada para privatizar, el Estado se quita la responsabilidad de lo que tiene que hacer, esa fue la ley y ese fue el objetivo dentro de las políticas de ajuste estructural.

¿Cómo puede es Estado quitarse esa responsabilidad si se supone que las leyes son responsabilidad del Estado porque es el Órgano Legislativo el que las aprueba?

Esa ley no podía ser aprobada porque ARENA no contaba con los votos suficientes y se aprobó en un madrugón, históricamente estas cosas han sucedido y es claro que esto tenía que ver con la privatización de ANTEL, y se crea la Ley de SIGUET que es parte de la Ley de Telecomunicaciones. Hay que comprender que había muy poco que dar, la herramienta de la privatización no estaba para favorecer a nadie más que a los que ya estaban, el pastel ya estaba completamente otorgado y lo que hicieron es poner un tapón para evitar que surgieran nuevos medios.

¿A qué dificultades se enfrentan para reformar esa ley y que permita el desarrollo de otros medios comunitarios?

Hay tres propuestas que se van manejando, la primera es que el actual gobierno considera que deben impulsarse los medios públicos, pero se ha avanzado poco en eso, para esta fecha el gobierno ya debía de haber presentado la ley para estos medios públicos que sólo son dos, Canal 10 y Radio Nacional.

Existe otra propuesta de ARPAS que dice que hay que modificar esa ley y se ha colocado el recurso de inconstitucionalidad que a todas luces tiene todo para que fuese inconstitucional, pero hay que ver qué interese hay para que le den salida y se ver en qué términos se hace la resolución, la Asamblea se puede tardar el tiempo que quiera.

Lo otro es ver en qué se quiere trabajar, en seguir trabajando en una ley que nació con la perversidad de la privatización del sistema, con exclusiones sociales o en apostarle a crear una nueva ley. Se visualiza en muy poco tiempo para que la tv y radio digital entre en el país, hay que prepararse para ese nuevo paso y en esa nueva ley se tiene que reconocer porque pasará lo mismo que pasó en los 80’ y el espectro quedará tal cual es, quienes tienen las frecuencias por derecho pasarán a tener una frecuencia digital.

¿Cómo ve el papel que han jugado los organismos internacionales, en este caso la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA? ¿Ha hecho un papel que visibilice a los sectores que no lo han sido?

Sí, sin duda hay cosas que tenemos que aprender de las experiencias de los demás, la Relatoría ha venido a decirnos el camino correcto que tenemos que seguir y para eso hay que denunciar ye so es un buen ejercicio de democracia, hay que ver que en nuestro país le guste o no le guste a la empresa privada existen radios comunitarias y están invisibilizadas, excluidas, no existen jurídicamente y eso es una violación al derecho que tienen de pertenecer, de ser parte de este estado.

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