Jannete Martínez Burgos, es una mujer que fue  procesada y condenada a 16 años de cárcel por el delito de hurto agravado en 2002, desde esa fecha la procesada ya tenía Cáncer alojado en el cerebro, lo cual le valió para la extinción de pena conforme al artículo 96 del Código Penal salvadoreño vigente de 1998.

Michelle Ramirios

Colaboración: Saúl Martínez

El caso de Martínez Burgos es contrario al caso de William Alberto Pérez, a quien hasta este momento no se le ha extinguido su pena, pese a que vive con una enfermedad terminal, al igual que Jannete Martínez.

El abogado de ambos procesados, Dennis Estanley Muñoz explica la situación que vive Jannete Martínez luego que se le extinguiera la pena, y el proceso que se realizó para poder llegar a esta resolución favorable para Jannete pero no para William.

¿Cómo puede una persona privada de libertad optar a la extinción de la pena?

Las causas de extinción de responsabilidad social son por el padecimiento de enfermedad incurable de periodo terminal, una persona puede promover su libertad cuando tiene una enfermedad incurable y en fase terminal.

Para ello, se requiere un informe con un dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal, que haga valer y verificar el grave estado de salud de la paciente o el paciente condenado, sin embargo en el 2009 hubo varios problemas extraños dentro del proceso.

¿Solicitar la extinción de pena pudiera ser un recurso?

La extinción de pena vía fase de enfermedad terminal, es una figura que el Código Penal da en razón de causa humanitarias, porque si se prevé que una persona va a fallecer, porque tiene que fallecer dentro de de la cárcel.

Suena tan lógico, en razón  que se supone que una persona cuando ha sido privada de libertad, únicamente se le ha quitado su libertad de ambulatoria, su locomoción, y permitir que este encerrada en un lugar completamente digno, pero, lo que no se le ha quitado es el derecho a  la salud, vida, integridad física, psíquica, social y moral, entonces la lógica va también conforme al artículo 27 de la Constitución de la República, habla que el Estado tendrá a cargo la administración de las cárceles.

Una vez, ella siendo condenada, perfectamente tenía el firme derecho fundamental de iniciar el debido proceso con el artículo antes mencionado.

Cómo es posible que esta mujer tardara un año privada de libertad, cuando en realidad ella pudo haber salido antes, incluso antes del 2009 que yo la conocí, lo bueno fue que para el 16 de octubre de 2012 se celebró la audiencia para permitir si reducir, el beneficio penitenciario por estar enferma ya sea de cáncer o sida.

Más bien esta figura que la ley de franquea al enfermo para cobrar su libertad, en dicha audiencia que se llevo a cabo el fallo fue obviamente donde se extinguía la pena, según nos dice la acta y según el juez decretó  “declárese extinguida la responsabilidad penal a la señora Jannete Martínez Burgos que fue condenada por el Tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad a la pena de ocho años de prisión, por cada uno de los delitos haciendo un total de 16 años de prisión por hurto agravado a empresas textiles”

Y luego el juez la mando a Cárcel de Mujeres cinco días antes, es decir para que pasara el  plazo en el cual iba a recurrir la Fiscalía General de la Republica (FGR), sin embargo no lo hizo, posteriormente la parte defensora de la víctima hizo por escrito una inconformidad porque ellos habían hecho la figura de la extensión del tema de la enfermedad incurable en periodo terminal.

Las víctimas son una sociedad anónima de la familia Siman Buquele, entonces ellos estaban inconformes porque para ellos no les habían escuchado, sin embargo la Ley Penitenciaria es clara en decir que al menos en la extinción de pena no establece en que deben ser oídas las personas, justamente por razones sanitaria tiene que brindarse únicamente audiencia a la persona enferma.

Finalmente Jannete recupero su libertada el 23 de octubre del 2012, entonces a mi lo que me genera preocupación es la falta de comprensión jurídica por parte de la Fiscalía y por parte de las personas víctimas, me parece bastante negativo estos procesos, donde no quieren entender de que no tenían porque darles audiencias a ellos, justamente porque la Fiscalía se había hecho presente por los intereses de las víctimas y sobre todo el principio de legalidad.

La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador,  el 21 de enero de este año, a raíz de este recurso de apelación que he mencionado, resolvió de manera favorable en declarar inadmisible el recurso de apelación impuesto por los apoderados de la sociedad víctima, Siman Buquele.

Es ahí donde, se ha quedado firme la sentencia y yo no se puede revocar o dejar sin efecto la resolución a pesar del bienestar de ellos, considerando en que paso diez años bajo el sistema penitenciario en la cárcel.

Ella tenía el cáncer, antes de entrar al sistema penitenciario ella tenia que haber tenido el ejercicio de extinción de pena siempre y cuando una vez haber sido condenada.

Lo que denuncio como abogado, y lo que logro ver, es que en El Salvador, todavía no existe una conciencia frente a las personas con graves enfermedades como Cáncer, Sida, Insuficiencia Renal, entre otras.

Además, planteo que si estamos en presencia de Jannete, que fue condenada en el 2003, ella tuvo que haber salido mucho antes de este 2012, no por un privilegio, sino por su derecho, ya que donde existe una necesidad, tiene que existir un derecho.

¿Con respecto al abogado defensor, se lo facilitó el Estado o ella contaba con uno particular?

Antes del 2009, hasta mi persona ella, contaba con un abogado particular, aunque sin valorar la capacidad de los demás compañeros defensores públicos, hay unos que son excelentes defensores pero hay otros que no.

En este caso, solo se tiene que esperar cual es la seguridad penal o penitenciaria puede favorecerle a ellos, como una libertad condicional anticipada o media pena o una libertad condicional ordinaria, o en el caso de una persona que se encuentra mal de salud, verificar que clase de patologías tiene, si es una enfermedad incurable en periodo terminal y simplemente que se aplique el artículo 196 número 8 del Código Procesal Penal.

Por eso a mi juicio a un y cuando, en un determinado momento cuando solo priven de libertad a alguien que esta a mi juicio se multa o se cambia, por una pena de muerte cuando ya existe esa privación de libertad absoluta para estas personas.

¿Considera que fue una negligencia que ella no haya seguido este debido proceso?

Lo que considero que ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando si hay una indiferencia de las personas enfermas y discapacitadas en las cárceles así de simple, porque las autoridades no hacen valer las leyes para estas personas.

Lo que debería de ocurrir a mi juicio, es la existencia de un concejo de salud penitenciaria que esté conformado por varios actores del sistema policial y del sistema de salud, asimismo deberían de estar en este programa de salud, principalmente el Director General de Centros Penales, autoridades medicas, jurídicas todas las del centro penal que a diario tienen contacto con ellos.

La función de este Concejo de Salud Penitenciaria, sería justamente dar a conocer la situación, recaudación de datos de cuantas personas enfermas hay, pero no solo los que queremos sacar sino quienes verdaderamente  tienen la posibilidad de contar con una investigación y posteriormente notificarlo al juzgado de vigilancia competente, donde también Medicina Legal tiene que evaluarlo.

La misma, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la aplicación de la Convención Americana de Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por el Estado del El Salvador en el años 2007,ha dado opiniones para la aplicación de la misma, y una de ella es donde, tienen que existir márgenes de razonabilidad de la privación de libertad, que sucede con esto; una personas aunque no tenga una enfermedad incurable en su momento, pero, de pronto queda parapléjica por algún accidente, tiene que existir margen de salubridad para esa privación de libertad, incluso en la Comisión recomienda en sus artículos la opción de arresto domiciliario.

¿Qué implica para los Centros Penales darle a una persona arresto domiciliario?

En El Salvador, si verdaderamente existiera una reorientación de recursos para darle prioridad al cumplimiento de las obligaciones del Estado, tal como; el derecho a la salud de las personas con discapacidad, el Estado cuando priva de libertad a alguien asume la responsabilidad de que le va a generar todo menos la libertad y todo teóricamente de manera digna.

¿Qué edad tiene Jannete ahora?

Ella tiene 42 años, cuando ella fue procesada y condenada ya contaba con la enfermedad además ya había sido atendida porque ya la habían operado dos veces de hecho dentro del sistema penitenciario ella ya había perdido la visión de un ojo.

Dice el artículo 118 del Código Procesal Penal; cuando se tiene una enfermedad terminal, puede la Fiscalía desistir en acusar a una persona, esto depende también del criterio de la Fiscalía.

¿Cómo fue la atención que ella recibió?

Totalmente negativo, muy poca, migajas de salud y conste, la llevaron un par de veces al hospital pero la atención fue muy poca, y esto ella lo mencionó y lo aseguró, por eso ella se ponía muy mal y por eso ella ha perdido la visión de un ojo.

De hecho ella tuvo que haber tenido la operación hace un par de años, pero no la tuvo porque no le hacían los exámenes, a pesar de estar en un control en el Hospital Rosales y conste cuando la sacaban era porque ella exigía sus derechos al final, por eso fue que a ella la sacaban de lo contrario no lo hacían.

Desde el 2009 estuve luchando para sacarla en libertas, aunque por razones extrañas no lograba resolver nada, no recibí ayuda de Medicina Legal, eso es lo que también quisiera evitar, que un juez o vigilancia pudiese tener algún sistema de control para que estén supervisando en que si se realizan con efectividad los trabajos, en este caso la jueza de aquella época nunca mando a llamar a Medicina Legal, a pesar de yo haberla solicitado.

Esto fue lo que también estanco el proceso, lo extraño a mi juicio es que el caso de Jannete, es emblemático, porque ella ya tenia el cáncer, de hecho el Cráneo ella lo tiene fracturado.

Lo que aun me cuestiono; que es lo que le sucederá hoy, porque el derecho a la salud se le negó, por tanto eso que recibió ella fue tortura, fue algo degradante e inhumano en contra de ella.