En últimas fechas, la más reciente, el martes 19 de febrero, diferentes organizaciones sociales se pronunciaron ante instituciones estatales para debatir el proceso de digitalización que enfrenta el país en materia de telecomunicaciones. La propuesta se encamina a incluir a los tres sectores de la comunicación -privado, público y comunitario-, en una comisión nacional responsable de recomendar el estándar tecnológico y estudiar el impacto que tendrá el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico en el país ¿A qué se debe la insistencia por este tema? ¿De qué manera afecta o beneficia a la sociedad civil salvadoreña?

Héctor Mena

En diciembre de 2012, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), anunció la conformación de una comisión evaluativa para analizar y garantizar el buen desarrollo en el proceso de digitalización de las telecomunicaciones en el país. Comunicados de SIGET han manifestado su interés por generar de este proceso una lógica transparente y participativa, por lo que medios comunitarios y organizaciones de la sociedad civil han solicitado sumarse a la iniciativa para reflejar y representar sus intereses como entes y actores que trabajan por la comunicación en el país.

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Para el representante de AMARC-El Salvador, Oscar Pérez, la importancia del tema radica en que la comunicación es un derecho humano. “La digitalización de las telecomunicaciones presenta una oportunidad para poder cambiar la lógica de la concentración mediática que yace en el país. Necesitamos de más medios que permitan fortalecer la democracia y pluralidad de voces”, explicó Pérez en una conferencia frente a las instalaciones de SIGET, el pasado 17 de enero de 2012.

 Por su parte, el Coordinador del Programa de Transparencia de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Juan Carlos Sánchez, la transición de la digitalización implica un proceso complejo. “No estamos hablando de un cambio sencillo, estamos hablando de la forma en que la ciudadanía se va a vincular con los medios de comunicación en el futuro. Dentro de 10 o 12 años, El Salvador será un país estrictamente digitalizado y, como sabemos que la libertad de expresión es un derecho puente, que permite el ejercicio de otros derechos, estamos hablando de un tema crucial”, enfatizó.

 La postura de ambos se ampara en parámetros internacionales establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Bajo el título, “Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social”, la UNESCO estableció, como un aspecto determinante para la existencia de medios democráticos, la formación, equilibrada, de medios públicos, privados y comunitarios que garanticen la pluralidad de voces.

De igual forma, el fundamento tiene sus bases en 2007, cuando los Relatores de libertad de expresión de ONU, OEA, OSCE y la Comisión Africana, plantearon que “en la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio, que promueva, en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar”.

Ante el planteamiento anterior, ¿cuál es el plan que se ha diseñado para dicha transición digital en el país?

Hasta la fecha, la SIGET ha desarrollado actividades con exponentes internacionales, a fin de conocer los estándares tecnológicos y experiencias de digitalización en el mundo. Para concretar, el pasado 22 de febrero se desarrolló en un hotel capitalino la conferencia “La Radio digital y su evolución en el mundo”, a cargo de Cristian Gómez, responsable de Política y Regulación de Espectro en la oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Lo prudencial sería esperar a que los estándares maduren un poco más, fue la conclusión de  la ponencia de Gómez. “Una parte a considerar es la maduración de los modelos, así como también la economía local. Por muy buena que sea la tecnología, si está fuera del alcance del bolsillo, no sería prudente seleccionar un estándar que tendría un impacto negativo económicamente”, explicó.

La participación de Gómez rescató y reforzó lo dicho semanas atrás por Mauricio Herrera, gerente de Telecomunicaciones, al marcar diferencias en los procesos de digitalización de la televisión y la radio, en donde se asigna a este último un recorrido más tenue por implicaciones técnicas y económicas.

Lo anterior lleva a intuir que las decisiones sobre la elección de normas técnicas encierran intereses económicos, lo que trae como consecuencia efectos sociales y culturales vinculados con la concentración de poder.

De acuerdo con el profesor de la Universidad de Buenos Aires, y asesor del Programa de Legislaciones y derecho a la comunicación Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC), Damián Loreti, los estándares técnicos no son de carácter neutro. “En Canadá, por ejemplo, la televisión digital no llega a las ciudades que no alcanzan un mínimo determinado de habitantes, porque el Estado no asume más que el funcionamiento de la cadena pública. Lo que implica que entre el 10 y el 15 por ciento de la población sigue en analógico”, explicó.

Ante tal experiencia, no resulta extraño que en países del Sur como en Brasil, sectores sociales hayan iniciado una etapa de prueba con un estándar técnico diferente al norteamericano por las desigualdades sociales que causa en la población.

¿Cuál es la situación actual en El Salvador?

La postura de SIGET en El Salvador difiere a lo planteado por el profesor Loreti. Según lo conversado con Herrera, las decisiones que se toman desde su institución responden a aspectos meramente técnicos, no políticos. La respuesta de cuál estándar le conviene al país no influye en la dinámica mediática.

En una carta presentada por parte de organizaciones sociales ante este tema, el 19 de febrero, se revoca la postura de Herrera, al plantear que, al contar con una mesa nacional que evalúe el estándar técnico para digitalizar las comunicaciones, se podrán hacer reformas a la Ley de Telecomunicaciones o la creación de nuevos cuerpos jurídicos que permitan una asignación equitativa de frecuencias en el espectro radioeléctrico en el país.

César González, abogado de la vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), considera que antes de iniciar con la transición de la digitación de las frecuencias, se debe contar con una ley en donde se reconozcan a los tres sectores de la comunicación- privado, público y comunitario- para generar una distribución equitativa, y no por medio de la subasta.

Para contextualizar, en el país solo una frecuencia radial es utilizada por más de 20 emisoras comunitarias. Dos están en el poder del Estado y la gran mayoría, en manos privadas. En el caso de la televisión no existen canales comunitarios en señal abierta; público, solo hay uno, y el resto pertenecen a empresarios privados.

En agosto del año pasado FESPAD, ARPAS y la UCA presentaron una  demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, específicamente en el rubro de la subasta como única forma de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. La demanda fue admitida la semana pasada, el 20 de febrero, pero sin aceptar una medida cautelar que consistía en que no se asignen más frecuencias mientras no se resolviera en su totalidad el tema.

La notificación de admisibilidad permitirá estudiar cuestiones de fondo, que hasta el momento sólo se habían centrado en aspectos de forma, para luego proceder al fallo de la misma. No obstante, ¿qué avances positivos permitirá el estudio de la demanda de inconstitucionalidad para contar con un proceso de digitalización que contribuya a la democracia del país?

Los involucrados en este proceso de lucha por democratizar las comunicaciones en el país consideran que la sola admisión de esta demanda contribuirá a la creación espacios de discusión y a superar vacíos normativa de la Ley de Telecomunicaciones. La experiencia hasta ahora demuestra que no será un proceso de fácil adaptación, pues las tecnologías de digitalización en radio y televisión están pensadas para medios con poder económico, no para aquellos con menor capacidad adquisitiva, ni mucho menos para democratizar las comunicaciones.

Entonces, ¿cuál es el futuro que le espera a la ciudadanía salvadoreña? ¿seguirá escuchando y viendo a los mismo personajes que siempre le han hablado al país?. La digitalización de las comunicaciones representa una oportunidad para democratizar las comunicaciones o se convierte en un peligro ya que vendría a fortalecer los oligopolios mediáticos de El Salvador.

Principios para garantizar la diversiad y el pluralismo de la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual*

5. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS TRES SECTORES QUE ACTÚAN EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Los marcos regulatorios deben explicitar el reconocimiento de tres diferentes sectores o modalidades de radiodifusión y servicios de comunicación audiovisual: público, comercial y social/sin fines de lucro, el cual incluye los medios propiamente comunitarios. Todos ellos deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a, todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden incluir reservas adecuadas de frecuencias para diferentes tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que tanto las tecnologías de distribución como las de recepción sean complementarias y/o interoperables.

40. SOBRE LA TRANSICIÓN A LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL
En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Los Estados deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios públicos y comunitarios para operar. Los medios no deberán sufrir discriminaciones y se respetarán las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de las emisiones realizadas sobre soporte analógico simultáneamente hasta agotar los procesos de transición en condiciones razonables.

* Programa de Legislaciones y derecho a la comunicación Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC 2010)

40 Principios Diversidad y pluralismo