La Administración Nacional de Educación Pública decidió que la asistencia a clases sea obligatoria desde el 13 de octubre, con todos los protocolos sanitarios.

También se trabajará para aumentar la presencialidad, en coordinación con autoridades sanitarias y académicas, confirmó el titular del organismo, Robert Silva. La decisión toma en cuenta lo sanitario y lo cognitivo, expresó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

El funcionario recordó que la asistencia es voluntaria hasta el momento, pero que, con la resolución que se implementará el próximo lunes, se dispondrá en la medida en que los alumnos sean convocados y dentro de las posibilidades de cada establecimiento educativo. Quedan exceptuados de la obligatoriedad de concurrir los niños que formen parte de la población de riesgo.

En los centros educativos donde no se pueda respetar el distanciamiento físico se apelará, por ejemplo, a la mayor ventilación de las aulas, explicó Salinas. Sobre la resolución tomada esta jornada, Silva argumentó que desde el comienzo de la pandemia no han habido contagios dentro de los centros educativos, y que los docentes y jóvenes que portaron el virus fueron contagiados fuera de las aulas.

«Acudimos a la búsqueda de los estudiantes, los niños y los jóvenes», dijo Silva y, como es habitual, aprovechó para destacar el trabajo de funcionarios, docentes y familiares, que permiten que «Uruguay sea el único país de Latinoamérica con clases presenciales».

En Uruguay, hay presencialidad en 1.040 escuelas rurales y 300 de tiempo completo y tiempo extendido, con grupos divididos. Uruguay es el único país de América Latina con presencialidad en la educación. El 22 de abril comenzó el proceso de regreso a las aulas, primero en las escuelas rurales y en junio, continuó la reapertura en centros urbanos.

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