Tres funcionarias del Gobierno serán convocadas haciendo uso del apercibimiento de apremio; es decir, obligadas por la Policía Nacional Civil (PNC) a la «Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Ejecutivo, afectando el tratamiento y combate de la pandemia».

Se trata de la Ministra de Turismo, Morena Valdez; la Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala; y la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.

El acuerdo se tomó este jueves por los diputados de la comisión, debido a que las funcionarias no han atendido las convocatorias previas y no se han rendido los informes requeridos.

Para el tratamiento de la pandemia, Turismo se involucró en la contratación de hoteles para que funcionaran centros de contención para que personas pasaran cuarentena y observación por el COVID-19.

Sobre este aspecto, la Corte de Cuentas de la República (CCR) inició un juicio de cuentas contra la cartera de Estado por no justificar la contratación de algunos de estos hoteles, pues no se habrían utilizado; la responsabilidad es de $700,000.

Por otra parte, la Canciller de la República había sido convocada en tres ocasiones para explicar el plan de retorno a los varados y el seguimiento a compatriotas que se encuentran en el extranjero ante el COVID-19.

Finalmente, sobre el ISSS los legisladores cuestionan préstamos o donaciones que ha realizado la entidad al Ministerio de Salud, como los $25 millones para el Hospital El Salvador, pues son fondos de los cotizantes para su atención médica.

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