El diputado Reynaldo López Cardoza (PCN) promovió una iniciativa para reformar el Código Penal, a fin de aumentar las sanciones por hurto y robo de ganado; la moción surge al estimar que la sanción penal y el acto cometido no son acordes al impacto económico de los afectados.

En ese contexto, se propone adicionar en el Código Penal, el artículo 208-A, en lo que respecta al hurto de ganado, el mismo consigna el siguiente texto: “El que con ánimo de generar un lucro personal o para un tercero se apoderare del ganado de otra persona, será sancionado de cinco a ocho años de prisión”.

En el caso del hurto agravado, se plantea adicionar un artículo 208-B, el cual consigna: “La sanción será de ocho a diez años de prisión, si el hurto fuere cometido con cualquiera en circunstancias específicas.

Para determinar la sanción en el caso anterior, se deberán consignar estos escenarios: si el hecho se cometió abusando de la confianza o de la buena fe del dueño o encargado del ganado; si para cometer el hecho se ha aprovechado de las facilidades que le ofrecía algún desastre, o las desgracias particulares del dueño del ganado hurtado; si el hecho punible se ha realizado de noche; si para realizar el hurto o bien para trasladar el ganado sustraído, han demolido o dañado las cercas hechas para el resguardo y protección del ganado o de linderos, entre otros.

En cuanto al robo de ganado, la propuesta incluye que se adicione el artículo 212-A, el cual enuncia que: “El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, mediante violencia o amenaza, haya constreñido al dueño o cuidador de ganado, a que se le entregue o se apoderare del mismo, será sancionado con prisión de ocho a doce años”.

Respecto al robo agravado se solicita adicionar el artículo 212-B: “La pena de prisión será de doce a quince años, si el hecho se cometiere: Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o explosivos; por dos o más personas; y, tentando contra la libertad”.

Otra reforma planteada se refiere al artículo 214-A, para añadir un inciso tercero y sancionar con prisión de cuatro a ocho años a aquellos que adquieran o reciban ganado o subproductos derivados del mismo, sin cerciorarse previamente de su procedencia legítima.

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