DagobertoGutiérrez

            Este es un tema que muestra la indisoluble relación entre la Constitución y el Estado. Al principio del Estado, cuando se agotó la sociedad gentilicia o comunidad primitiva y aparece un aparato especial de coerción, no existía todavía lo que podríamos llamar Constitución, pero sí funcionaba un conjunto de normas que expresaban los intereses principales de los sectores que dominaban al resto de la sociedad. Estas normas habían sustituido a las costumbres que regían la vida comunitaria en la sociedad gentilicia. Y estas costumbres eran cumplidas rigurosamente por la comunidad y no necesitaban aparatos especiales para hacerlas cumplir porque estaban vinculadas a la vida y la existencia de la comunidad, y su violación podía implicar la muerte del violador.

            Cuando aparece ese aparato que estamos llamando Estado, el derecho sustituyó a las costumbres y este conjunto de normas ya no beneficiaban a todos por igual, sino a una parte, a aquellos que eran dueños de las tierras, de las riquezas, y se imponían a los que no eran beneficiados de la misma manera.

            Con el paso de los siglos, los recursos iniciales de coerción dejaron de garantizar con eficiencia el dominio efectivo del sector dominante y, entonces, fue necesario adoptar otros acuerdos que aseguraran ideológicamente el sometimiento de la mayoría desposeída a la minoría poseedora. Así, aparecieron cuerpos complejos de normas de distintos temas que regulaban distintos aspectos de la vida. Y esta decisión aparece ya entre el pueblo de los amorreos, en el mundo mesopotámico, más de dos mil años antes de Cristo, cuando un jefe o rey llamado Hamurabí, produjo lo que hoy se conoce como “el código de Hamurabí” que, según los historiadores, tenía cerca de 300 artículos y se conocen más de 100. Estos fueron escritos en piedra para que nadie los olvidara o dejara de observarlos y contenían reglas penales, civiles, de procedimientos, y hasta trataban temas como el de la mala praxis medica y el de las herencias.

            En este proceso se llega a la cultura de los griegos, donde la Constitución fue un tema tratado abiertamente por Aristóteles, Platón y otros pensadores, y estaba referido a la vida en la polis, es decir, en el Estado.

            Cuando a nosotros nos invadieron los europeos, nos impusieron también sus leyes. Estos invasores hablaban de la Audiencia de los Confines, y otros autores llegan hasta hablar del          derecho indiano. Pero, las sociedades coloniales estuvieron regidas por las Constituciones españolas y la última que nos rigió fue la de Cádiz de 1812.

            Al nacer como Estados independientes, tuvimos la primera Constitución en 1824, aquí aparecieron los conceptos jurídicos que circulaban en Europa, los que fueron implantados en nuestra sociedad. Hasta ahora hemos tenido 12 Constituciones correspondientes cada una a diferentes momentos históricos. Solo en vías de información, hay que mencionar que después de 1824, vinieron las de 1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1939, 1944, 1950, 1962 y 1983.

            La Constitución vigente de 1983 es la Constitución de la guerra y se define, justamente, ante la gran amenaza que constituyó la guerra popular, que los sectores dominantes consideraban guerra comunista, ante la cual era necesario defenderse. En ningún momento apareció el interés de entender las causas que generaron el conflicto y, mucho menos, resolver esas causas. Muy por el contrario, se apostó a una solución militar, en donde las fuerzas armadas debían aplastar a los insurgentes. Al mismo tiempo, se establecieron varios blindajes. Veamos algunos:

            En el Art. 105 se estableció que el máximo de tenencia de la tierra debía ser de 245 hectáreas y se reguló lo relacionado a la reforma agraria y a las expropiaciones. Esta era una exigencia de los grupos agrarios que constituyeron los núcleos originarios de los que nació el partido ARENA.

            Se incorporó a la Constitución, el Art. 85, que estableció que “el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno”. Esta disposición fue un blindaje jurídico para que la guerrilla, si sobrevivía a la ofensiva militar, solo pudiera actuar en política como partido político, sometido a las reglas del juego ya existentes, sin poder establecer otras nuevas y sin poder cambiar el mismo juego.

            Estas decisiones buscaban cerrar filas para impedir cualquier posibilidad de cambio a cualquier costo. La oligarquía, dueña del poder, hizo, ante la amenaza de la guerra popular, una especie de transferencia del poder a los partidos políticos, pero solamente del poder formal.

            Siete años después, las cosas no resultaron completamente de acuerdo con esta política aplicada: la guerra terminó en una negociación político militar sin el aniquilamiento físico que ellos buscaban y esperaban; la negociación afectó al aparato del Estado, pero no al poder del Estado, que se mantuvo intacto. El aparato del Estado tiene que ver con lo que los abogados llaman “instituciones”, que son los tres poderes, órganos, como hoy se les llama, la policía, el ejército, la FGR, etc. El poder del Estado se refiere a los detentadores y conductores reales del funcionamiento de estos aparatos. En el caso de El Salvador son los sectores oligárquicos. En otros países pueden ser sectores burgueses, banqueros o financistas, pero en nuestro país son los oligarcas.

            La negociación estableció que la fuerza armada dejara de ser la clase gobernante, esto se estableció en el Art. 212; pero al mismo tiempo, que fuera reducida y depurada. Una comisión de la verdad determinó que la fuerza armada era responsable de la mayor cantidad de crímenes de guerra cometidos en el país, fue disuelta la policía nacional, la guardia nacional, la policía de hacienda, y se creó la Policía Nacional Civil.

            Al mismo tiempo, fue fortalecido el régimen político porque el partido político FMLN se incorporó al gobierno junto a ARENA, para funcionar como las dos vigas maestras del régimen. El neoliberalismo fue adoptado como la política económica de los gobiernos sucesivos.

            La negociación que puso fin a la guerra introdujo a la Constitución de 1983 las siguientes figuras: el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Art. 212 de la Constitución, se separó la defensa de la seguridad publica y se estableció que el 6% del presupuesto general de la nación, se destinara para el órgano judicial.

            Este escenario nos indica que las Constituciones, aunque huelan a ley, no son más que la expresión de las correlaciones de fuerza construidas en los diferentes escenarios que van apareciendo, como veremos paso a paso en los próximos artículos.                                                                

Deja una respuesta