Dagoberto Gutiérrez

La Constitución es un documento político, una especie de plan político que contiene los principales acuerdos logrados por sectores poderosos en un determinado momento. Estos acuerdos abarcan desde elementos de filosofía política, pasando por la economía, la organización del Estado y la asignación de funciones a los órganos de gobierno. Estos acuerdos también incluyen la distribución de los aparatos de poder, así como sus funciones.

Es en tiempo de crisis y en momentos huracanados cuando las Constituciones dejan de ser útiles y abren el paso a otras nuevas, que contengan otros acuerdos, adecuados a los momentos históricos concretos, aunque se conserven los principios y decisiones fundamentales sobre las sociedades de cada país.

En realidad, no son los juristas los que deciden las Constituciones, ya que toda Constitución contiene una serie sucesiva de actos de poder, que requieren siempre determinadas correlaciones de fuerza que, para las asambleas legislativas, se miran en números de votos. Cada Constitución expresa los intereses dominantes, sobre todo, de aquellos sectores que son dueños del Estado y controlan al gobierno. Estos y no los conocedores del Derecho, son los que definen los contenidos de una Constitución. Por supuesto que el aporte de los juristas es muy importante y muy necesario, pero estamos diciendo que no es el factor determinante, porque no son tesis jurídicas las que se debaten y aprueban, sino posiciones políticas que, ciertamente, han de aparecer en el texto como disposiciones, que contienen normas jurídicas que, a su vez, contienen los intereses de los sectores poderosos de cada sociedad.

En nuestro país hemos tenido trece Constituciones que corresponden a determinados momentos históricos. Por ejemplo, la de 1824 y 1841, son las dos que corresponden a la lucha de Francisco Morazán por construir Centroamérica, aunque la última, es propiamente la primera Constitución del Estado de El Salvador. Pero, en medio del humo y el olor a pólvora y a sangre de las guerras morazánicas, fue en este periodo cuando Centroamérica fue derrotada y en su lugar aparecieron cinco pequeños y famélicos países.

Luego vienen las Constituciones de 1864, 1871 y 1872, que corresponden al montaje del control oligárquico en el país. Es en este periodo donde Francisco Dueñas fue presidente durante siete veces, en un periodo de veinte años, para constituir a la siniestra familia Dueña, que sigue controlando la riqueza del país. Las Constituciones de los años 1880, luego 1883 y 1886 corresponden al momento histórico en el que la poderosa oligarquía guatemalteca influía y decidía los acontecimientos políticos de El Salvador, poniendo y quitando presidentes. En este momento se inscribe la modernización del capital, mediante la expropiación de las propiedades ejidales y las propiedades comunales que pertenecían a los pueblos pipiles o nonualcos, que en ese momento eran llamados indios. Estas tierras fueron dedicadas al cultivo del café, que generó la poderosa oligarquía cafetalera. El coronel Francisco Menéndez, que fue presidente de 1885 a 1890 impulsó la famosa Constitución de 1886, basada, expresamente, en el derecho natural, y que duró hasta 1939, es decir, 53 años.

En 1939 y 1944 se aprueban dos Constituciones, correspondientes a estos dos años, estas son las de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. En la primera, la del 39, el dictador estableció en el Art. 91, que por esta única vez el presidente de la República sería electo por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyendo, que eran, por supuesto, totalmente martinistas y le aseguraron otro periodo al general. En la Constitución de 1944, y esta vez en el Art. 90, el dictador estableció que, por convenir a los intereses públicos, la presidencia de la República sería designada por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, y así, una vez más, el dictador se aseguró otro periodo. Esto ocurrió en febrero del año 44, pero, en abril de ese mismo año, oficiales jóvenes del ejercito se levantaron contra la dictadura y Hernández Martínez fusiló a muchos de estos oficiales al fracasar este levantamiento militar. Sin embargo, al mes siguiente, en mayo, una huelga general de brazos caídos, logró que el dictador abandonara el país, aunque dejó en pie a la dictadura.

En 1948 se produce el Golpe de los Mayores, que fue el movimiento militar que terminó con la dictadura y abrió el camino para la Constitución de 1950. El presidente era el coronel Oscar Osorio que pudo ser considerado una especie de social demócrata, que intentó hacer cambios importantes en la sociedad y cuyo gobierno introdujo en esa Constitución los derechos laborales, el código de trabajo, la seguridad social, puntos que constituían avances fundamentales para delinear una justicia social mínima en el país. Luego viene la Constitución de 1962 y la actual de 1983.

La de 1983 es la Constitución de la guerra, que era entendida como una amenaza descomunal para el orden oligárquico, y, sobre todo, una peligrosa amenaza comunista. La oligarquía de ese momento entendió que el régimen político necesitaba un buen blindaje ante la amenaza guerrillera, y por eso acordaron el Art. 85, pensando que, en el caso de una victoria guerrillera, la guerrilla tendría que transformarse en partido político para poder gobernar, sin amenazar el orden. Pero también, en esta Constitución, que era dirigida por ARENA, se aseguraron los intereses de los terratenientes, estableciéndose el Art. 105, el que define la propiedad máxima de la tierra en 245 hectáreas.

La Constitución del 83 fue una especie de cierre de filas para impedir cualquier cambio en el orden oligárquico que impidiera la solución militar por la que luchaban todas las derechas en ese momento.

Estos planes no resultaron como fueron planeados porque unos 8 años después, la guerra terminó de manera negociada y se frustró la solución militar que las oligarquías buscaban. Por otro lado, la negociación afectó al aparato del Estado, pero no tocó al poder del Estado. En este aparato del Estado se operaron importantes cambios, fruto de esta negociación: la Fuerza Armada dejó de ser la clase gobernante, siendo depurada y reducida, la Comisión de la Verdad cargó a la Fuerza Armada graves crímenes de guerra, incluyendo el asesinato de Monseñor Romero, fueron disueltos la Policía Nacional, la Guardia Nacional y otros cuerpos represivos, y fue creada la Policía Nacional Civil.

Se fortaleció el régimen político, se crea un nuevo partido nominado FMLN, que se incorpora al gobierno, como la izquierda, y junto a ARENA, que funcionaba como la derecha, constituyen la viga maestra del nuevo régimen. Se adopta al neoliberalismo como la política gubernamental y se inicia la actividad empresarial partidaria.

La negociación del fin de la guerra introdujo a la Constitución de 1983, las siguientes instituciones: el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el fin de la fuerza armada como clase gobernante (Art. 202), la separación de la defensa y seguridad pública y el establecimiento del 6% del presupuesto general para la Corte Suprema de Justicia.

Como se puede ver, son las tormentas más borrascosas y no los tiempos de viento suave, los que definen las Constituciones,  y esto es una buena noticia.

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