Dagoberto Gutiérrez

La palabra crisis es buena palabra, aunque normalmente despierta temores y sobresaltos, sobre todo en los sectores populares. Pero esta palabra indica que las cosas no andan bien y que hay que introducir cambios que pueden ser moderados, o tan profundos como la revolución.

Hablamos de crisis social cuando nos referimos a la situación del pueblo, es decir, a la gran mayoría de una sociedad, a los sectores trabajadores y productores. Cuando decimos que este pueblo no tiene trabajo, o tiene salarios de hambre, o no tiene salud, o educación de calidad, o vivienda adecuada, o un ambiente saludable, cuando decimos todo eso, estamos diciendo que hay una crisis social.

Cuando se afirma que los sectores capitalistas dominantes, como los grandes banqueros, industriales y poderosos comerciantes, no están obteniendo las ganancias que normalmente obtienen, y más aún, cuando tienen perdidas, hablamos de una crisis económica. Y, finalmente, cuando descubrimos que las reglas del juego establecidas en las constituciones y las leyes, que estatuyen la separación de poderes, la independencia de los mismos, la colaboración entre ellos para funcionar bien, y la indelegabilidad de sus funciones, cuando todo esto no funciona en la realidad, estamos ante una crisis política, y esta es justamente la que, como caballo desbocado, resuena en nuestro país por todos lados y en todas las esquinas.

La Constitución contiene las reglas del juego, un juego que todos jugamos, aunque en ocasiones no nos damos cuenta. Estas reglas dependen del juego, es decir, del conjunto de condiciones políticas, económicas, militares, ideológicas, que conforman y delinean la realidad en que vivimos. Las Constituciones y las leyes dependen de la sociedad que las produce, y no al revés. Nunca existe un gobierno de leyes porque éstas son uno de los instrumentos que se usan para gobernar.

En la crisis política a la que nos referimos ocurre que el antiguo poder oligárquico, basado en el sistema de partidos políticos, ha sido roto por el derrumbe de este sistema de partidos. De tal manera que el Poder Ejecutivo es controlado por un sector que, al más clásico estilo oligárquico, practica el viejísimo oficio de usar el aparato del Estado para fortalecer y ascender en su papel económico, para convertirse en una nueva oligarquía o una nueva burguesía. Esto supone un proceso de acumulación para el cual las reglas del juego establecidas por el viejo poder oligárquico, no son convenientes ni útiles.

Esto explica el conflicto entre los diferentes poderes del Estado, porque las reglas establecidas buscan un equilibrio, en donde el rey, que es el presidente de la república, deba gobernar ateniéndose a una asamblea legislativa que formalmente se encarga de hacer las leyes, y a una corte suprema, que también formalmente se encarga de aplicarlas. En circunstancias “normales” esto parece suficiente para funcionar, porque la formalidad del derecho nunca aparece en riña con la realidad, que es donde se deciden las cosas de una manera diferente a lo que las mismas leyes establecen; sin embargo, en las actuales circunstancias, un proceso acelerado de acumulación no puede desatarse sometido a reglas que funcionan para una acumulación oligárquica realizada durante doscientos años, y por eso estalla inevitablemente el conflicto que constituye la crisis política.

Es necesario observar que esta crisis se sitúa en el territorio de lo que llamamos sistema estatal, es decir, el conjunto de aparatos políticos, como la asamblea legislativa, corte suprema, poder ejecutivo, poder legislativo, fiscalía, corte de cuentas, procuraduría de derechos humanos, ejercito, policía nacional. Todo este conjunto, al que los abogados llaman instituciones gubernamentales, constituye el escenario de esta confrontación.

Mientras, el pueblo, allá abajo, que para el Derecho es el soberano, se mantiene hasta ahora, expectante, mirando el espectáculo, como en un teatro. Aunque, en ese juego, los dados están cargados con los intereses más fuertes de la mayoría de la población. Hasta el momento, el sistema político, que expresa la relación entre este sistema estatal y los sectores dominantes de la sociedad, es decir, aquellos que rigen, pero no gobiernan, no sufren perturbaciones alarmantes. Porque, el gobierno no amenaza los intereses de los dominantes, no propone ninguna reforma tributaria, ni de salud, ni agraria, ni educativa, no altera ningún componente del juego que se juega, aunque ciertas posiciones del gobierno que administra el poder del Estado, no parecen estar sometidas plenamente al control oligárquico.

Normalmente, los oligarcas, que disponen del país desde hace más de doscientos años, aprendieron a poner administradores que se llaman gobernantes y que son electos por el pueblo. Estos gobernantes saben muy bien que no deben administrar, dando la espalda a esos poderosos intereses de los señores que son dueños del país, por eso se dice que los oligarcas no gobiernan, pero rigen. Y en estos momentos hay expectativa de estos sectores sobre el rumbo que los acontecimientos están tomando.

Para el gobierno son decisivos los resultados de las elecciones del próximo año, donde aspiran a controlar la asamblea legislativa, para imponer su juego y sus reglas. Faltan varios meses que en definitiva determinarán un desenlace en uno u otro sentido. Es el pueblo quien tiene en sus manos decidir si se asegura un nuevo escenario histórico o se regresa al pasado.

En ningún momento como hoy, el pueblo ha tenido la oportunidad de aprender como funcionan una serie de figuras jurídicas que aparecen en los textos, pero solo en las coyunturas de crisis, muestran su propio rostro. Por ejemplo, los antejuicios, la constitucionalidad de los proyectos de ley, las sanciones o vetos del presidente, las mismas funciones de la asamblea y de los otros poderes. Todo esto aparece hoy en la mesa de operaciones y como nunca, la Constitución y las leyes desaparecen como instrumentos adecuados para resolver las crisis políticas, porque son las sociedades las que definen a las leyes, y no al revés. De modo que cualquier esfuerzo o intento de usar la Constitución para resolver la crisis está condenado al fracaso.

La ley funciona como instrumento político, que es parte de la confrontación. Por ejemplo, el actual antejuicio contra el director de la PNC busca desalojarlo del cargo que ocupa en la policía, así como del vice ministerio que ocupa en el gabinete. Para esto, la Constitución es el mejor instrumento y si la asamblea resuelve que hay lugar a formación de causa en su contra, será suspendido de sus funciones, mientras es juzgado. Y todo esto significan golpes políticos para el gobierno, con instrumentos legales. Lo mismo ocurre con otras investigaciones en marcha, tanto la referida al Ministerio de Agricultura, como a la de Hacienda y a la de Salud.

Antes de las próximas elecciones para alcaldes y diputados, el gobierno deberá ser debilitado y por ahora no parece darse las condiciones para que el Ejecutivo ejerza una defensa eficaz; aunque a esas alturas, no pueden hacerse afirmaciones sobre un eventual resultado en las elecciones del próximo año. Ni se puede esperar que la derrota de Trump en los Estados Unidos sea un factor definitorio en la situación del actual gobierno, porque todos sabemos que los imperios no tienen amigos, pero tienen intereses, que son los suyos, y se atienen a este criterio para definir a sus amigos y a sus enemigos.

Para nosotros, el criterio fundante es la lucha de los pueblos y, por el momento, el pueblo de El Salvador sigue pendiente, esperando sin duda que los hornos se calienten más, para que la calle convoque. Sobre este plan de lucha que el pueblo necesita, trataremos en los próximos escritos.

San Salvador, 06 de diciembre del 2020.                                                               

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