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El asunto de la memoria histórica es una de esas heridas abiertas que, si nadie busca remedio, acaba por desangrar a una sociedad durante años y décadas. A mayor tiempo transcurra mayor nivel de probabilidad de que las consecuencias se agranden y sean irreversibles. Tras un conflicto o una dictadura la gestión posteriori precisa de mano quirúrgica de infinita sensibilidad, de una precisión milimétrica para lograr extirpar las células cancerígenas del organismo. Pero, en una gran mayoría de los casos, la obligada intervención se pospone ‘sine die’, confiando en que el paso del tiempo entierre en el olvido un problema crónico. Una medida que solo consigue alargar una agonía desesperante.

Estos últimos años un país como El Salvador intenta escribir las páginas finales a uno de los capítulos negros de su historia contemporánea, responsablizando a los autores de asesinatos, torturas o masacres durante la guerra de finales del siglo XX. Para ello, varios movimientos sociales y políticos solicitan la apertura definitiva, y con la imprescindible transparencia, de los archivos militares. El objetivo último no es otro que esclarecer casos tan dramáticos como el del Mozote.

Todo apunta a que tal reivindicación para reparar a una parte del pueblo salvadoreño, afectado directa o indirectamente por estos hechos, seguirá presenciando como se tensa la cuerda ante la negativa de un gobierno a responder a una deuda histórica, a una exigencia que reconduzca el presente a un camino de justicia inexistente en el pasado. Desgraciadamente, poco más cabe esperar a pesar de todos los esfuerzos empleados.

Curiosamente, esta materia pendiente no es exclusiva de El Salvador. Países ubicados en otras latitudes y de diferentes contextos históricos, a la par que con ciertas similitudes en lo sustantivo, no han acabado de superar el lastre que suponen las secuelas de sus años de plomo. Uno de ellos se llama España: un escenario donde sus gentes tratan de dejar atrás, definitivamente, una guerra civil y una dictadura militar que oprimió, sin clemencia, a lo largo y ancho de los cuatro puntos cardinales.

En la actualidad, transcurrido un amplio recorrido democrático, cerca de cuarenta años (empatando con el mismo periodo de totalitarismo de Francisco Franco) se han registrado muy pocos avances. Insatisfactorios. En especial, desde la perspectiva de víctimas y familias represaliadas que todavía siguen a la espera de desenterrar a los suyos de la cuneta de una carretera o una fosa común para poderlos enterrar en un lugar digno.

Una deuda que partidos de muy distinto signo en el gobierno han evitado abordar con la profundidad exigida. Y no lo han hecho por una combinación de táctica electoral y una evidente falta de valentía política. Compromisos empañados por un cortoplacismo que derivan en un incumplimiento reincidente e hiriente para víctimas y sus familiares.

En estos momentos, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en España se encuentra en un camino intermedio. En unas coordenadas que evidencian una amplia distancia sin recorrer. Aunque cabe reconocer que entre sus últimos logros más destacados figura la salida del dictador Franco del mausoleo del Valle de los Caídos (construido por presos republicanos, condenados a trabajos forzados, durante la guerra y dictadura). Un hecho muy mediático, a nivel internacional, pero insuficiente; sobre todo, para quien, a estas alturas, desea visitar un cementerio familiar sin velatorios pendientes. 

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