martes , diciembre 6 2022

Bioética y derecho: el aborto legal y seguro no es delito

En el momento en el que se pretende sobreponer la moral, la religión o nuestras propias convicciones por encima de derechos ya reconocidos y evidencia científica caemos en la ignorancia y en la arrogancia.

Por Camila María Pérez Amaya

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”


Pretendo abordar un tema de suma relevancia en nuestra coyuntura actual: el aborto. En concreto, el aborto legal y seguro; esto a partir de un enfoque claro sobre qué es y descartando los estigmas sociales, religiosos y políticos que lo rodean. Así, evitaremos caer en la desinformación.

Y frente a esto, quiero defender mi postura de que el aborto es un derecho que se ha tratado más como un debate religioso y moral, y no como lo que es: un tema jurídico y de derechos. Pero sobre todo un tema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según estándares internacionales, los servicios de aborto legal deben ser seguros, accesibles y de buena calidad. Además, se deben proporcionar servicios médicos posteriores, sobre todo los enfocados en la salud mental de las mujeres que se enfrentan al estigma social.

En El Salvador las mujeres han sido criminalizadas debido a la prohibición absoluta. El aborto no es un delito, es un derecho.

En los últimos años, tras sufrir emergencias obstétricas, cerca de 200 mujeres salvadoreñas han sido detenidas arbitrariamente y procesadas de manera ilegal, violando sus derechos a la salud, la vida, la integridad física y mental, así como a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación.

Para poder hablar de este tema tan sensible me basaré en la bioética, pero dejemos claro que esta no es una ciencia, sino una rama de la ética aplicada multidisciplinaria.

Al ser ética su base es filosófica, y la ciencia y jurisdicción son campos complementarios que necesita para poder trabajar. Además, debemos tener en cuenta que tiene cuatro principios tradicionales, los cuales son: la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Puesto que este tema puede ser abarcado desde distintas perspectivas, me basaré en argumentos científicos, estadísticas, jurisprudencia, noticias, etcétera, que me permitan abordarlo de la manera más clara y concreta posible.

Dicho esto, hagamos un breve recorrido por la historia para empezar a desglosarlo punto por punto.

El aborto es tan antiguo como la humanidad misma y han existido distintas técnicas para la interrupción del embarazo desde épocas remotas, así tenemos instrumentos que dilataban el cuello del útero, infinidad de plantas utilizadas como brebajes y ungüentos abortivos.

Por ejemplo, en un texto chino de medicina -escrito 3000 años antes de Cristo- aparece la primera receta de un abortivo legal. Aristóteles defendía el aborto para limitar los nacimientos en las familias muy numerosas o humildes y los aztecas utilizaban hierbas para facilitar la expulsión del feto tanto en el aborto, como en el parto.

Por consiguiente, nos podemos dar cuenta cómo el aborto ha sido practicado por diversas culturas a lo largo de la historia, incluso, desde el punto de vista del control de natalidad y no era visto como un problema moral.

Sin embargo, la represión al aborto como estigmatización a la mujer comienza en Roma, cuando aparecen sustancias químicas a las que mujeres fueron sometidas afectando su vida por estos métodos poco ortodoxos.

La penalización o no del aborto ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad varios criterios, que van desde la plena libertad siendo esta una elección libre, al ser el vientre de la madre una extensión del cuerpo de la mujer, hasta los criterios cristianos vinculados a la iglesia que lo analizan como interrupción de la vida y dan calificación como homicidio a un aborto provocado.

Aquí podemos ver cómo la religión -quiérase o no- es un factor clave en cómo es tratado el aborto. Muchas veces estos “argumentos” basados en la religión son utilizados por las agrupaciones pro-vida, los cuales grupos pro-elección denominan pro-parto porque es lo que principalmente procuran.

Sin embargo, muchos de estos grupos pro-parto apelan a los sentimientos para manipular nuestras emociones.

Aplicando falacias es como se empieza a desinformar. Un ejemplo es cómo se utiliza el caso hipotético de una joven que se arrepintió de abortar cuando escuchó llorar al feto. Sin embargo, esto no es posible, considerando que si se ha hecho dentro de las 14 semanas, que es un estándar en los países donde es legal, el feto no tiene la capacidad de llorar, ni siquiera es seguro que tengan alguna capacidad cognitiva.

De esta manera, es muy fácil apelar a los sentimientos con sensacionalismo.

En el momento en el que se pretende sobreponer la moral, la religión o nuestras propias convicciones por encima de derechos ya reconocidos y evidencia científica caemos en la ignorancia y en la arrogancia.

Esto nos trae de nuevo a El Salvador, un país con población mayoritariamente católica o evangélica, y que también es una de las 23 naciones en el mundo que prohíben de forma absoluta el aborto. Además, tiene una de las legislaciones más radicales en contra de este.

Todo inició en 1999, cuando la Asamblea Legislativa reformó la Constitución de la República para reconocer como persona “a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Con ello, y una posterior reforma al Código Penal, se dio paso a la posibilidad de encarcelar a las mujeres que interrumpieran su embarazo.

Esto es una prohibición total del aborto, inclusive excluyendo las tres causales, que son cuando el embarazo es producto de la violencia sexual, cuando la vida de la mujer corre peligro y cuando el feto tiene malformaciones graves.

En El Salvador, a la mujer que sufre una emergencia obstétrica y es denunciada, ya sea por un familiar o inclusive el personal médico, no se le procesa por el delito de aborto, sino por homicidio agravado que conlleva una pena de hasta treinta o cuarenta años de prisión a diferencia de los ocho que se supone debería dictarse como máximo por abortar.

En consecuencia, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer pidió a El Salvador en 2017 que se despenalizara el aborto.

Por más de dos décadas, El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos -incluso cuando es necesario proteger la vida de la mujer- imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y al personal médico.

La prohibición absoluta ha provocado el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio. Han sido condenadas hasta a 50 años de prisión.

A pesar de esta situación, en mayo de 2021 se archivó el proyecto de ley que contenía la despenalización del aborto por las tres causas antes mencionadas. El gobierno actual se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en que no está de acuerdo en reformar ningún artículo que esté “en contra de la vida”.

Inclusive, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hizo pública su postura de que no está a favor de ningún tipo de aborto, y que mientras él se encuentre en ese cargo no se aprobará ninguna ley que lo despenalice, lo que deja al aborto legal y seguro como un barco esperando tocar puerto en nuestro país.

Sin embargo, en América Latina, países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tienen contemplado el aborto en casos y condiciones específicas. Y en otros, como Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela el aborto está prohibido, pero se permite para salvar la vida de la mujer en caso de riesgo.

Con este último punto, nos podemos dar cuenta cómo un embarazo es más peligroso que un aborto. Ya que el embarazo pone en riesgo la vida de la persona embarazada por todas las complicaciones que pueden suceder.

Un ejemplo de esto es el sangrado severo. “Esta es la causa más importante de muerte materna en todo el mundo. Más de la mitad de todas las muertes maternas ocurren dentro de las 24 horas posteriores al parto, más comúnmente por sangrado excesivo. Se estima que en todo el mundo, 140.000 mujeres mueren por hemorragia posparto cada año, una cada 4 minutos. Además de la muerte, la hemorragia posparto puede producir una morbilidad grave”, según un artículo del American College of Obstetricians and Gynecologists.

Esto sin tomar en cuenta las complicaciones que pueden darse durante el embarazo como la preclamsia, la diabetes gestacional, la presión arterial alta, por mencionar algunas.

Como resultado, la OMS en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han publicado dos ediciones sobre el manejo de las complicaciones del embarazo y el parto. Ambas guías han sido revisadas y aprobadas por la Confederación Internacional de Matronas y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

Lo que nos lleva a que el aborto es un proceso seguro con una tasa de complicación muy baja, sobre todo dentro de la legalidad. La legalización de este no aumenta el número, solo disminuye el riesgo de complicación.

El aborto es sumamente seguro, con una tasa de complicaciones mayores de menos del 0,5%, y riesgo de muerte de menos de 1 en 100.000 procedimientos, aproximadamente 14 veces menos que el riesgo de muerte por un embarazo y parto a término, apuntan fuentes especializadas.

Consecuentemente, el aborto legal es seguro. Las leyes que penalizan el aborto no disminuyen la tasa o el número de abortos, sino que solamente logran aumentar los abortos ilegales e inseguros. Y aunque los abortos aumenten inmediatamente después de la legalización, a medida que los abortos clandestinos no denunciados se vuelven legales y aparecen en las estadísticas, las tasas luego disminuyen.

Se tiene la idea errónea de que al despenalizar el aborto todas las mujeres correrán a hacerse uno. Este no es un método anticonceptivo. Estamos frente a una falacia de conclusión apresurada o indebida que desprende una conclusión errónea.

Estas ideas erróneas nos demuestran una clara falta de educación sexual. En El Salvador, el Ministerio de Educación cuenta con un programa llamado “Educación Integral de la Sexualidad”, que es visto desde los enfoques de género y derechos humanos a partir de la educación parvularia. Sin embargo, contar con estos programas no nos asegura que se cumplan.

“La falta de empoderamiento con relación a su cuerpo y sexualidad los hace vulnerables a los abusos sexuales, conductas sexuales de alto riesgo, a enfermedades de transmisión sexual y al embarazo precoz. Resultado de eso, en El Salvador cada 21 minutos una niña o adolescente resultó embarazada en el 2015. En el año 2020 se reportaron 503 niñas que fueron violentadas y embarazadas. Y en 2021 hubo más de 6 mil embarazos en niñas y adolescentes en el primer semestre de 2021, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Como podemos ver, lastimosamente quienes sufren en su mayoría las consecuencias de falta de educación sexual son las niñas, adolescentes y mujeres que viven en situación de pobreza. “Y el problema es que El Salvador solo trata el aborto desde una perspectiva penalizadora, y con ello crea un delito bastante inútil para enfrentar problemas de salud pública que solo profundiza las injusticias sociales y económicas con graves consecuencias para la vida de niñas y mujeres”, afirmó Morena Herrera, activista feminista y defensora de derechos humanos en un artículo de El Faro, de 2021.

Se han registrado diversos casos donde las mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica son encarceladas. Una de esas mujeres fue Manuela.

Han pasado 12 años desde su muerte, pero aunque pase el tiempo no deja de ser importante y controversial por todas las arbitrariedades que se cometieron

Manuela fue una campesina de 33 años que vivió en la pobreza extrema. Sufrió un accidente lavando ropa en el río en el cual se lastimó el estómago. Al siguiente día fue a la letrina de su casa en la cual sufrió la emergencia obstétrica en la cual murió el feto.

Debido a esto, ella se desmayó y fue llevada al hospital esperando un trato médico, pero en cambio fue criminalizada por los mismos médicos que la atendieron. En el hospital no fue atendida debidamente y el personal médico la denunció asumiendo que había cometido el supuesto delito de aborto. Incluso, antes de recibir atención en el hospital fue esposada a la cama e interrogada.

Todo esto continuó con un proceso judicial el cual estuvo plagado de estereotipos de género y una defensa deficiente que la llevaron a ser condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y no a los 8 años por aborto que dicta tan injustamente la ley de este país.

En prisión su salud se desplomó rápidamente a causa del linfoma de Hodgkins, un cáncer que ya padecía, pero no se logró detectar hasta que era muy tarde. El Estado aún cuando tiene una responsabilidad especial con las personas encarceladas no le brindó la atención necesaria, ya que en el penal fue víctima de precarias condiciones debido a que no tenía acceso a agua potable, dormía en el suelo y no había enfermería.

Manuela murió sola y esposada a una cama en el pabellón de reos del Hospital Nacional Rosales y no le dieron la oportunidad de pasar sus últimos días de vida con su familia, como dicta la ley. Aún después de su muerte, su familia sufrió las consecuencias ya que eran señalados donde vivían, los dos hijos que dejó huérfanos los llaman hijos de una criminal.

Manuela fue discriminada por ser pobre y ser mujer, a la cual le violaron su derecho humano a la salud, defensa y la presunción de inocencia, por lo que varias organizaciones llevaron este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual dictó sentencia el 2 de noviembre de 2021, confirmando que el Estado de El Salvador criminalizó injustamente a Manuela.

“En el presente caso no cabe duda de que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, señala el tribunal, que enumera varios puntos que el país debe ajustar para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres, reseñó en ese momento el periódico español El País. Las organizaciones feministas elevaron a la agenda pública a “Las 17”, mujeres en la misma situación que Manuela para las cuales se exige justicia por estar encarceladas tras sufrir emergencias obstétricas.

Miriam, Maritza, Marina, Salvadora, Carmen, solo por mencionar algunas, son mujeres que han vivido y viven en situación de pobreza. La mayoría tuvo problemas obstétricos en algún momento del proceso de gestación, sufrieron pérdidas del embarazo o experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a transitar del hospital a la cárcel.

“A todas se les violó el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa efectiva. En casi todos los procesos judiciales tuvieron defensoría pública, caracterizadas por la deficiencia y desidia en la defensa de sus casos. En algunas situaciones, llegaban a los juicios sin conocer los nombres de sus defendidas. Todo ello representa una acción violenta del Estado contra las mujeres, que en momentos en los que enfrentan graves problemas vinculados a su capacidad reproductiva, son perseguidas, acusadas y condenadas sin contar con el apoyo legal adecuado para ser escuchadas y poder defenderse. Esta es una consecuencia de la penalización absoluta del aborto en nuestro país”, esto según la Coordinadora Feminista en un artículo sobre Las 17.

El informe “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador” afirma que “en el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, se analizaron en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado 78. De las mujeres procesadas, 49 fueron condenadas por aborto u homicidio, de las cuales 23 fueron condenadas por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. Este número no incluye el total de mujeres denunciadas, porque su denuncia se desestimó antes de ser procesadas. Tampoco incluye las mujeres menores de edad que han sido procesadas por aborto o por delitos conexos ya que no fue posible acceder a esos expedientes por ser menores de edad”.

Todas estas mujeres han sido tratadas como criminales en lugar de víctimas. Por esto es que muchas temen ir a los hospitales cuando se presentan este tipo de emergencias obstétricas ya el mismo personal médico las denuncia y son esposadas en el lugar. Estos violan el secreto profesional y se pierde la relación de confianza entre el personal médico y la paciente.

La mujer y sus derechos han sido dejados de lado desde hace muchos años. Muerte, miedo, cárcel y grave violación a los derechos humanos son maneras de resumir lo que sucede en el país con respecto al aborto.

El Salvador actualmente puede estar “avanzando” en otros temas, pero también está retrocediendo cientos años en otros. Se habla de que queremos ser como otros países. En Suiza la interrupción voluntaria del embarazo se incluye dentro de las prestaciones financiadas por el sistema de salud hasta las 12 semanas.

Pongamos ejemplos más cercanos. Argentina, en diciembre de 2020, legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras catorce semanas. Incluso fue una de las promesas de campaña del actual presidente Alberto Fernández.

El más reciente en despenalizar la interrupción del embarazo fue México. «Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo», sentenció el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, autor del proyecto.

El mundo avanza cada vez más en este tema. Al abordarlo debemos tener en cuenta todos los puntos de vista, pero principalmente el de la mujer. Las mujeres son criminalizadas al querer decidir si ser madre o no. Sin embargo, el hombre puede fácilmente desligarse de esa responsabilidad.

Las mujeres en la actualidad quieren educación; sobre todo la sexual y una vida libre de prejuicios. Ser educadas para mostrar que ser madre no es una obligación, que no viene por defecto. Que el aborto es una decisión personal y no un debate moral.

La maternidad debe ser deseada o no será. Las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos basado en la dignidad humana, la autonomía y el derecho a la salud psicológica y física.

Solo basta darnos cuenta que una mujer muerta por aborto clandestino ya es demasiado si este se podría prevenir.

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