La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que desde el 18 de abril de 2018, ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis.

Este lunes, 19 de abril, se cumplen tres años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó, un día después, en una serie de manifestaciones contra el mandato del presidente Daniel Ortega. El Gobierno sandinista calificó el hecho de intento de golpe de Estado.

La represión a las protestas dejó cientos de muertos y detenidos además de miles de desplazados. Tres años después los familiares de las víctimas de la presión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en un contexto que sólo parece haber empeorado ante nuevas medidas legales y operativas puestas en marcha por el Gobierno para impedir cualquier tipo de manifestación popular.

Francys Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral para lograr acceder a la justicia.

«Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se convierte en un escalón partidario, y que las organizaciones políticas que surgieron al calor de las manifestaciones de abril terminen enfocados en candidaturas, en casillas, listas, procesos electorales internos y no retomar la luchas por la justicia, democracia y la liberación de todos los presos y presas políticas», aseguró.

En tres años, las familias de las víctimas no han podido acceder a la justicia, un derecho que se les negó desde la primera instancia que fue el Ministerio Público. Desde entonces, han sufrido diferentes escalas de represión que van desde la persecución, los encarcelamientos, los asedios, las profanaciones de tumbas y la obstaculización para realizar actividades conmemorativas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló, a través de un informe titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos”, que desde el 18 de abril de 2018, ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad en el contexto de esta crisis.

Vía :Voz de América

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