Diversos sectores de la sociedad civil en Nicaragua rechazaron unánimemente la propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para las elecciones previstas para noviembre de este año.

Los principales bloques opositores del país, la empresa privada y analistas consultados por la Voz de América coincidieron en que la propuesta del presidente Daniel Ortega es “antidemocrática” y “anula desde ya la credibilidad de los comicios”, y a su vez señalaron que no cumple con los siete puntos sugeridos en 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y quien actualmente es una de las aspirantes a competir contra el mandatario sandinista, expresó que con la propuesta de reforma a la ley electoral, “Ortega está prácticamente cancelando las elecciones” e “impidiendo desde ya que haya un cambio”

“Con esa ley, las condiciones, en vez de mejorar, se están agravando, porque Ortega está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legitimas y creíbles”, dijo Chamorro.

La propuesta de reforma a la Ley Electoral enviada por Ortega incorpora las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Además da mayor facultad a la Policía Nacional, señalada de ser la principal institución represora en el país, para otorgar permisos para mítines o actividades electorales a la oposición y el oficialismo.

“Lo que ha presentado a la Asamblea Nacional no son Reformas Electorales, son más restricciones para que el pueblo no pueda ir a votar en libertad y transparencia. Son mecanismos dictatoriales para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio”, enfatizó Chamorro el jueves.

El politólogo Félix Maradiaga, también aspirante a la presidencia, dijo a la VOA que es “sumamente preocupante que esa iniciativa se aleja aún más de la posibilidad de un consenso.

Además de reafirmar las inhibiciones consignadas en las leyes espurias, cierra aún más los pocos espacios de participación para la oposición”.

“Quisiera suponer que esa iniciativa de reformas tan desafortunada y contraria a la resolución de la Asamblea General de la OEA es sólo una manera del régimen de elevar la parada y desmotivar a la oposición, algo que no lograrán. Sin embargo, si esa es una propuesta definitiva para las elecciones de noviembre de 2021, prácticamente se anuncia la decisión del régimen de no permitir elecciones con un mínimo de garantías”, indicó Maradiaga.

El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) , uno de los bloques más fuertes actualmente, también reaccionó al respecto y señaló que las propuestas de reformas “no responden a la demanda nacional e internacional”.La propuesta “establece nuevas restricciones a las libertades políticas y vulneraciones a la voluntad popular, impone nuevos obstáculos y obligaciones a los partidos políticos, traslada al ámbito electoral el estado policial imperante, aumenta los ya amplios márgenes de discrecionalidad del Poder Electoral y establece nuevas vulneraciones a la voluntad popular”, dijo el partido en un comunicado.

“Demandamos una vez más al régimen de Daniel Ortega la implementación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano en un proceso electoral que cumpla los estándares internacionales de libertad y transparencia”, añadió.

Por otro lado, el sector privado señaló la urgencia de la aprobación de “una reforma electoral sustantiva que incorpore las propuestas que han presentado los partidos políticos extraparlamentarios, los movimientos políticos de oposición, así como las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para garantiza la modernización y restructuración del Poder Electoral”.

Vía :Voz de América

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