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Recientes reformas a leyes salvadoreñas prohíben transmitir mensajes “presuntamente originados por grupos delincuenciales”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELECIDH) emitió un comunicado donde alerta sobre posibles riesgos de que el ejercicio de la libertad de expresión en El Salvador sea criminalizado.
Reformas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas prohíben a personas particulares y medios de comunicación la publicación de cualquier mensaje creado por grupos delincuenciales.
“Esta Oficina considera que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley”, expresó la RELECIDH sobre la ambigüedad de lo que las reformas prohíben a los salvadoreños.
De acuerdo con la oficina, en la elaboración de textos penales se debe utilizar términos “estrictos y unívocos” que dejen clara la actividad prohibida.
Específicamente sobre la libertad de expresión, la CIDH permite que haya restricciones a esta en favor del orden público, pero ha señalado que las mismas deben responder a causas objetivamente verificables que establezcan una “perturbación potencialmente grave” a las instituciones democráticas.
Por su parte, el Estado salvadoreño respondió a la CIDH, mencionándole que no se busca criminalizar la labor de los medios de comunicación. “Los medios de comunicación han continuado realizando publicaciones en diversidad de plataformas y en redes sociales sobre el tema de las pandillas en El Salvador y no ha existido persecución alguna”, dijo la representación salvadoreña, según se señala en el mismo comunicado.
La semana pasada, un abogado miembro de Nuevas Ideas llamado Kevin Sánchez publicó en su cuenta de Twitter que presentaría una demanda en contra de los periodistas de El Faro, Gabriela Cáceres y Oscar Martínez, “por haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población aún cuando el art.345 C del código penal lo prohíbe”, dijo, utilizando así las recientes reformas.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado condenando la acción.
Por su parte, la RELECIDH mencionó que abrirían canales de comunicación con El Salvador para expresarles sus preocupaciones con más detalle y escuchar los argumentos de la representación del Estado salvadoreño.
A su vez, resaltó que las acciones que tomarán para abordar el tema de la libertad de expresión en el país no debe ser comprendido como una defensa a los grupos delincuenciales, “la Relatoría observa que las mencionadas preocupaciones en torno a las potenciales afectaciones a ejercicios legítimos de la libertad de expresión no deben ser entendidas como un respaldo a discursos que alienten o promuevan la violencia y discriminación”, aseveró.
