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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la falta de medidas para la protección de las mujeres, niñas y mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras, frente a los contextos de crimen organizado que vive la región y afecta especialmente a ellas con violencia de género, violencia sexual, desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos.
“La falta de adopción de medidas específicas orientadas a su efectiva protección, tanto de manera general como en casos específicos bajo su conocimiento, así como la ausencia de investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos hechos, podrían constituir una grave vulneración a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, en particular a su derecho a vivir una vida libre de violencia”, señaló la CIDH en el informe del Impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes del Norte de Centroamérica de 2023.
Según el organismo, la región de América Latina y del Caribe ha registrado durante los últimos años elevados niveles de crimen y violencia que, en muchos casos, aunque no exclusivamente, son el resultado del auge de grupos criminales que actúan por fuera de los marcos institucionales y legales, operan clandestinamente y controlan grandes zonas de territorio.
El Triángulo Norte de Centroamérica no es la excepción. En cuanto a las desapariciones de las mujeres, niñas y adolescentes por parte de los grupos criminales, la CIDH identificó dos modalidades: la primera, en donde son privadas de libertad temporalmente para ser agredidas y abusadas de diferentes formas y luego son liberadas con graves afectaciones físicas y psicológicas; y la segunda modalidad, cuando son privadas de libertad y luego son asesinadas y los cuerpos son desaparecidos o enterrados en fosas clandestinas, imposibilitando a las autoridades estatales localizarlos.
“En El Salvador –como en los otros países-, las desapariciones son perpetradas con fines de venganza o castigo, como es el caso de las mujeres desaparecidas por sus parejas, que muestran relación con feminicidios, cuerpos utilizados para marcar territorios, represalias por negarse a colaborar con actividades delictivas o por no incorporarse a pandillas, venganzas personales o familiares, o porque cruzaron a una zona dominada por la pandilla contrario”, señaló el informe.
Si bien la CIDH reconoció algunas medidas adoptadas por los gobiernos en el Triángulo Norte de Centroamérica, estas no son suficientes, señalaron.
“En materia de investigación, juzgamiento y sanción de la violencia contra las mujeres, la ausencia de debida diligencia genera un ambiente de impunidad que facilita y promueve su repetición, incrementa la desconfianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia y, en suma, propicia la aceptación social y perpetuación de la violencia”, aseguraron.
Asimismo, la ausencia del debido proceso constituye en sí misma una forma de discriminación contra las mujeres en el acceso a la justicia, agregaron.
Por otra parte, reiteraron la necesidad de investigar en cada país los delitos cometidos por personas parte o asociadas a grupos del crimen organizado, pero, además, investigar las redes en las que funcionarios públicos de distintas jerarquías y de los diversos poderes del Estado pudieran estar facilitando estos hechos o, incluso, formando parte de ellos.
Frente a ese escenario, la CIDH instó a los tres países a fortalecer y establecer las medidas necesarias para la protección de prevención y protección integral ante la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes por parte de los grupos organizados.
Asimismo, pidió a El Salvador, Guatemala y Honduras “asumir un verdadero compromiso en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado a través de la desarticulación de las estructuras y poderes paralelos que persisten en los países, a fin de lograr la plena vigencia de los derechos humanos en general, y la garantía de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en particular”, concluyó la CIDH.
