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Desde que Nayib Bukele tomó la presidencia de El Salvador, una narrativa sobre los acuerdos de paz se ha mantenido: “la guerra fue una farsa… como los acuerdos de paz”, señaló el mandatario a finales de 2020 durante la conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Los acuerdos de paz fueron firmados por el gobierno de El Salvador y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México. El proceso fue apoyado por la ONU y otros países.
Ese documento puso fin a más de diez años de un conflicto armado durante el cual se estima que 75 mil civiles fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 8 mil más, incluidos niñas y niños, fueron desaparecidos. Crímenes de lesa humanidad como la masacre de El Mozote y lugares aledaños, la masacre de El Calabozo, la emboscada y asesinato de los cuatro periodistas holandeses, entre otros, también fueron perpetrados en aquella época.
Los acuerdos de paz, que en este 2024 se conmemoran 32 años desde su firma, además de dar por finalizado aquellos años de guerra, también supusieron el impulso de la democratización del país, la búsqueda de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Entre los acuerdos firmaron también se encontraban la superación de la impunidad.
“Se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Partes reconocen, que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores deben ser objeto de la actuación ejemplarizantes de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”, reza en el documento.
El logro que supuso aquella firma por finalizar esa reciente historia, aún recordado por las víctimas, ahora ha sido borrada (o al menos intentado). Durante años, se conmemoró el 16 de enero como la fecha de la firma de los acuerdos de paz. Desde 2022, Bukele decidió sancionar un decreto que avaló transformar esa fecha en el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto armado”.
“Con este decreto estamos haciendo justicia histórica, honrando a las víctimas de un conflicto armado que solo representó la muerte y dolor de cientos de miles de salvadoreños”, expresó en un comunicado. “A partir de hoy, dejamos de celebrar a los asesinos y reivindicamos al pueblo salvadoreño”; agregó.
Pese a su discurso de llevarles justicia a las víctimas del conflicto armado, durante su administración, la respuesta de acceso a los archivos militares, con los cuales a juicios de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos podrían dar paso al derecho a la verdad de estos, fue un tácito “no”. En 2020, tanto el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) como el juez Jorge Guzmán, quien estuvo a cargo del caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños hasta agosto de 2021 y que posteriormente fue destituido, intentaron acceder a estos archivos, pero esto finalizó en un fracaso ante el bloqueo.
“Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la “A” a la “Z”. Es más, si el juez nos pide de la “A” a la “F”, nosotros lo vamos a hacer hasta la “Z””, fue la promesa del mandatario sobre el acceso a los mismos archivos militares en noviembre de 2019. Esa frase que inspiró esperanza en las víctimas, pero que se desvaneció porque no fue cumplida.
Otro de los hitos que incluso destacaron en la década de los noventa que figuraron parte de los acuerdos, fue la creación del nuevo régimen institucional, la depuración y la reducción de la Fuerza Armada de El Salvador. “El mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional”, acordaron.
Pese a que, en los años posterior a la firma, la FAES fue reducida y depurada, durante la administración de Nayib Bukele, se inició el incremento de sus elementos. Bukele pretendía pasar de 20,000 militares a 40,000 efectivos en cinco años, según anunció en agosto de 2021. Desde marzo de 2022 a la fecha, periodo durante el cual ha estado vigente el régimen de excepción, la institución también es categorizada como la segunda en vulnerar derechos humanos, según sostuvo la organización de derechos humanos Cristosal.
De acuerdo con un documento publicado en 2022 por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas inglés), la FAES también ha pasado durante la actual administración a un rol de uso en tareas de seguridad pública y figura un apoyo permanente para la Policía Nacional Civil (PNC), implicando con esto, un retroceso.
Una de las instituciones que también fueron frutos de los acuerdos de paz, fue la PNC. “Será su misión la de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, la de prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la de mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural. En el desempeño de sus tareas, los miembros de la Policía Nacional Civil respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”, así quedó establecido.
Sin embargo, la actual PNC, más allá de garantizar su rol central estipulado desde su creación, es categorizada como la principal institución responsable de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, según datos recolectados por Cristosal y otras organizaciones defensores de derechos humanos.
A 32 años desde la firma de los acuerdos de paz, parte de la sociedad salvadoreña aún supone como logro esto y continúan su conmemoración. Ejemplo de ello, es el que organizaciones como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto otras de diferentes sectores sociales, se movilizaron el 14 de enero del 2024 desde el parque Cuscatlán hasta la plaza cívica Gerardo Barrios, en San Salvador. “Nosotras somos memoria viva de la lucha del pueblo salvadoreño por la construcción de una patria libre, justa, democrática y en paz”, dijo Marisela Ramírez, representante de dicho Bloque.
Con edición de Morena Villalobos
