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Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, confirmó que son tres las acciones legales contra el Estado salvadoreño, dos internamente y una ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de trasparencia en el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin y afectaciones a la población, entre ellas el robo de identidad, en el marco de las operaciones de la billetera gubernamental Chivo.
“Los salvadoreños lo único que tenemos son presunciones sobre cómo funciona y cuánto se ha gastado”, alegó la abogada respecto al uso de fondos públicos con los que gobierno de El Salvador compra bitcoins.
De hecho, el presidente Nayib Bukele, pese al desplome desde hace varias semanas de la moneda virtual, anunció recientemente que comprará un bitcoin por día.
Cristosal informó que interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) que autorizaron la reserva de información sobre operaciones y transacciones de los fideicomisos FIDEBITCOIN y FIREMPRESA, fondos por $150 y $600 millones, respectivamente.
“En el caso de FIDEBITCOIN se desconoce cuál es el proceso que se sigue para el otorgamiento de fondos, cuánto se han entregado de este fideicomiso, cuánto ha sido retribuido a los ciudadanos salvadoreños, cuánto nos ha costado estos 150 millones que fueron distribuidos de manera arbitraria y sin control por parte de una empresa privada en este caso: CHIVO S.A de C.V. Creemos que es relevante porque estamos hablando de fondos públicos”, dijo López en conferencia de prensa.
“Cuánto de esto realmente sirve para la población salvadoreña cuando tenemos un hospital Rosales que no ha sido construido, cuando tenemos cabinas que no sabemos cómo fueron construidas y bajo qué criterios fueron contratadas, quiénes hicieron todo este andamiaje, no solo físico sino también desde la estructura y plataforma de bitcoin”, cuestionó.
Cristosal, como segunda medida legal, anunció que ha exigido a la Corte de Cuentas de la República que informe sobre la demanda que fue admitida hace un año, en la que la organización solicitó que se investigara el uso de recursos públicos en la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, instalación de plataforma y aplicación de la convertibilidad y manejo de bitcóin.
La abogada agregó que, según investigaciones propias de la organización, son más de $107 millones los fondos públicos gastados en la compra de bitcoin hasta el momento. “El dinero de los salvadoreños se está yendo por un inodoro”, dijo.
Por otra parte, la organización anunció que presentarán una demanda ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al silencio de la Sala de lo Constitucional sobre un amparo contra la empresa Chivo S.A de C.V en el que se presentó la denuncia de 228 víctimas que reportaron el uso no autorizado de su identidad.
Esta demanda será contra el Estado salvadoreño por “no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada”, dijo Cristosal.
