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El Salvador se encuentra posicionado a nivel mundial entre los primeros 75 países con las mayores tasas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). También sigue siendo uno de los países en la región que penaliza a totalidad el aborto.
Solo en 2022, el Ministerio de Salud reportó 28 embarazos diarios en niñas y adolescente entre los 10 y 19 años.
“Cuando una niña muere por un embarazo de alto riesgo a raíz de violencia sexual es una responsabilidad del Estado salvadoreño y eso se debe evitar”, dijo Keyla Cáceres, defensora de derecho humanos e integrante de la Asamblea Feminista.
En el marco del Día Global para la Acción por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la activista feminista reiteró que la penalización absoluta del aborto en El Salvador somete a las niñas y mujeres empobrecidas a ciclos de pobreza y de violencia. “Hablamos desde una mirada en la que lamentablemente las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual están condenadas a retroceder en su proyecto de vida”, señaló.
Cáceres explicó que, al presentarse un embarazo a temprana edad, las niñas y adolescentes detienen sus estudios y sus metas se obstaculizan, tienen menores posibilidades de acceder a trabajos bien remunerados y se ven limitadas al acceso de derechos como a la salud, vivienda, entre otros. En algunos casos, esta situación prematura lleva a las adolescentes a salir de sus casas para dedicarse a tareas de cuidado y para sobrevivir y sostenerse a sí mismas y sus hijos.
Entre el periodo de 2015 a 2022, UNFPA contabilizó 133, 853 embarazos en niñas y adolescentes. 6,130 fueron menores de 14 años.
De estos embarazos, el 26.2% tuvieron pérdidas fetales o enfrentaron el nacimiento de un hijo muerto, el 6.5% fueron nacimientos prematuros y el 10.5% de los bebés nacieron con bajo peso. Este tipo de embarazos representa un mayor riesgo tanto para la salud de sus hijos y la madre, destacó la organización en un estudio.
A lo anterior se suma de que el 23.5% de las mujeres de 15 años o más fue víctima de algún hecho de violencia sexual entre esos años. Según el Instituto de Medicina Legal (IML), en 2022 se reportaron 2019 casos de niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el 17% de estos resultaron en embarazos.
“La penalización absoluta del aborto es un reflejo de la violencia de género y es un problema político, social y económico que afecta a la dignidad de las mujeres y al desarrollo del país. Es un problema amplio que se coloca únicamente desde una visión fundamental, religiosa y moral”, lamentó Cáceres.
En este marco es que la Asamblea Feminista y la Plataforma Beatriz exigieron al Estado salvadoreño despenalizar al aborto, estudiar iniciativas de ley que desde la sociedad civil se han desarrollado sobre la problemática y sobre la Educación Integral Sexual (EIS) y a ejecutar protocolos de prevención de violencia sexual.
“Las niñas no están preparadas física, emocional y materialmente. No queremos más niñas obligadas a parir”, demandaron.
Con edición de Diego Hernández
