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Representantes de la Mesa Nacional contra la Expropiación y Desalojo de Tierras de los Pueblos de El Salvador aseveraron que el Estado salvadoreño es “cómplice” del desalojo, expropiación de tierra y la vulneración de los derechos de las comunidades empobrecidas, ya que no se ha accionado para proteger los derechos de ellos.
“El Estado es cómplice, el Estado es permisible para que sigan pisoteando los derechos de las comunidades pobres”, aseveró José Santos Guevara, integrante de la Mesa, durante el espacio radial La Entrevista de la YSUCA.
De acuerdo con la organización, el fenómeno de esta problemática no es algo reciente, sino que ha sido una problemática histórica en El Salvador. Sin embargo, durante los últimos años esta ha incrementado y las respuestas desde las instituciones estatales son “escasas” o, inclusive, “nulas”, indicó Guevara.
En muchos casos, las tierras pertenecientes a las comunidades que enfrentan la problemática son terrenos fértiles, disponen de agua y son lugares en donde familias han vivido por décadas, algunas con título obtenidos con las reformas agrarias (1980) y otras tras los acuerdos de paz con el programa de trasferencia de tierras, explicaron.
Rosa Tobías, de la Mesa, subrayó casos como el de la cooperativa Normandía, en donde viven alrededor de 700 familias y durante 2007 recibieron la primera demanda por la supuesta usurpación de tierra. Recientemente, y tras un largo proceso de lucha y demanda, los juzgados a cargo del caso declararon a los miembros de la cooperativa como legítimos dueños.
Sobre este mismo caso, Guevara sostuvo que la cooperativa gastó más de $800,000 durante todo el proceso en contra de tres empresarios que alegaban ser propietarios de las tierras con base a tres títulos supletorios.
Señalaron otros casos como el de Guajoyo, San Vicente, en donde han sido amenazados con desalojo pese a tener escrituras obtenidas tras la firma de los acuerdos de paz a través del Centro Nacional de Registro (CNR); el caso de la Isla Tasajera en donde también poseen títulos de las tierras, pero han sido víctimas de intimidación; el caso de Tecoluca debido a la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT); en La Unión debido a la construcción del Aeropuerto del Pacífico, entre otros.
“Son dos ejes que están contribuyendo al despojo de tierra: la reconcentración o recuperación de tierra en mano de terratenientes o personas con poder y la Ley de Expropiación creada por este gobierno”, dijo Tobías.
Explicaron que toda esta problemática afecta principalmente a las comunidades empobrecidas cuya forma de vida es la agricultura. Sin embargo, debido a los megaproyectos, esto afecta también al medio ambiente.
“Son macroproyectos en contradicción con el modelo de desarrollo rural y comunitario. Pareciera que lo rural, la agricultura, a este gobierno no le interesa y está pensando más en proyectos tan grandes que creería yo que, más que beneficiar, están poniendo en detrimento la vida de muchos campesinos y campesinas. Por un lado, el tema desalojo, por otro lado, el deterioro ambiental que esto está generado, pero que no son capaces de ver”, aseveró Tobías.
Agregaron que desde la Mesa se continúa tratando de unir esfuerzos de resistencia para crear más condiciones de defensa por las tierras y los derechos humanos de las comunidades y familias afectadas.
Con edición de Diego Hernández
