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La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) consideró que El Salvador no está respondiendo debidamente ante el escenario de “presuntas violaciones” a los derechos humanos” en el marco del régimen de excepción, que preocupa seriamente a la ONU.
“Es muy lamentable que la respuesta del gobierno básicamente no está respondiendo a los cuestionamientos que le hace Naciones Unidas”, aseguró a VOCES la directora de programa de DPLF, Leonor Arteaga.
La experta en derechos humanos indicó que una comunicación oficial, en la que seis mecanismos de la ONU coinciden sobre lo que vive El Salvador con el régimen de excepción, es “histórico”.
“Es un indicador de una situación de mucha gravedad y de mucha preocupación”, expresó Arteaga.
“Expresamos nuestra más seria preocupación ante la información recibida, la cual podría sugerir la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como de eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridos durante el proceso de arresto o bien como resultado de las condiciones de custodia”, reza la comunicación divulgada el 1 de junio en Ginebra, Suiza.
Esta fue firmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
La respuesta de El Salvador, que cuestiona DPLF, fue enviada por la Misión Permanente de El Salvador ante la ONU el 29 de julio pasado. El informe de 32 folios busca justificar cada una de las medidas adoptadas por el gobierno desde el 27 de marzo pasado, cuando a petición del presidente Nayib Bukele la Asamblea Legislativa decretó el régimen de excepción en respuesta a una oleada de asesinatos.
En la comunicación del 1 de junio, los mecanismos de la ONU expresan que se amplifica su preocupación por “los casos de muertes bajo detención y las alegaciones de privación de bienes esenciales para el mantenimiento de la vida, como medicamentos, que habrían provocado el fallecimiento de personas detenidas”.
“En caso de ser ciertas, estas podrían constituir privaciones arbitrarias al derecho a la vida, por lo que sus circunstancias deberían ser investigadas exhaustiva y diligentemente”, consideró la ONU.
