martes , julio 23 2024
Foto: Tutela Legal

Denuncian expropiación de terrenos de víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños


La comunidad El Pinalito, ubicada en el departamento de Morazán, acompañada por la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, denunciaron que víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, que se desplazaron en el conflicto armado y retornaron después, están siendo expropiados de sus terrenos debido a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la zona por parte de una empresa.


“La planta se ha realizado de forma inconsulta, expropiando terrenos de víctimas de las Masacre de El Mozote, en contra de lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el año 2012, dejando sin vivienda a personas que retornaron al Mozote por ser desplazadas en el pasado conflicto armado”, aseveraron en un comunicado.


La masacre de El Mozote y lugares aledaños fue catalogada como crimen de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Esta masacre fue perpetrada entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981 bajo un operativo militar denominado “Operación Yunque y Martillo” que fue llevado a cabo por el Batallón Atlácatl.


De acuerdo con el Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote y lugares aledaños del Gobierno de El Salvador, fueron 988 personas ejecutadas. 48 sobrevivieron y 29 fueron desplazados.
En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por este crimen de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Entre una de las recomendaciones que ordenó la corte se estableció que “el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas a fin de que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de origen de manera permanente, si así lo desean, así como implementar un programa habitacional en las zonas afectadas“.


Por otra parte, denunciaron que la construcción de la planta contaminará el Río Güilisca, el Río La Joya, que desembocan en el Río Torola, en donde se encuentra un sistema de agua del cual se abastecen las comunidades de la zona.


Frente a esta situación, exigieron a las autoridades salvadoreñas a no actuar en contra de la sentencia de la Corte IDH y las medidas de reparación establecidas. Asimismo, exigieron que los encargados de la planta demuestren los estudios de impacto ambiental, los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud, el estudio de suelos, entre otros.


“Nuestras comunidades son lugares de memoria, convivencia social y esperanza”, expresaron.

Con edición de Diego Hernández

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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