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Un comunicado firmado desde Johannesburgo, Sudáfrica, afirmó que la prolongación inconstitucional del régimen de excepción en El Salvador ha colocado a este país bajo la mira de una alianza mundial de organizaciones de sociedad civil por las violaciones a las libertades cívicas, CIVICUS Monitor.
“El Salvador ha sido incluido en una lista de países que experimentan un rápido deterioro de las libertades cívicas debido a la prolongación de las medidas del estado de excepción del presidente Nayib Bukele, las cuales no sólo se aplican a los grupos del crimen organizado, sino también a la prensa ya a las personas críticas con el Gobierno”, señaló el CIVICUS en su comunicado.
Derechos constitucionales como el derecho a la defensa, a la detención administrativa de 72 horas y a la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones, se encuentran suspendidos desde más de dos años como resultado de la vigencia del régimen de excepción aprobada prorrogativamente por la Asamblea Legislativa. La última prorroga fue aprobada este 9 de julio.
En este periodo organizaciones de sociedad civil han documentado más de 16 mil casos de violaciones de derechos humanos y la muerte de 265 personas dentro de centros penales, entre estos, cuatro infantes.
De acuerdo con el CIVICUS, este escenario ha creado un entorno “hostil” incluso para los profesionales del periodismo y para el ejercicio de la libertad de prensa, caracterizado por la difamación, intimidación, campañas de desprestigio y restricción a la información pública.
Al igual que para los periodistas, la situación para defender derechos y para organizaciones de sociedad civil es “precaria”, convirtiéndose uno de los escenarios más difíciles desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, sostuvo la organización. También se suma la latente amenaza de que, en el país, la Asamblea Legislativa con mayoría de diputados del partido oficial, apruebe una ley de agentes extranjeros.
“La medida limitaría seriamente sus actividades y gravaría con un impuesto del 40% cada transacción financiera, transferencia, desembolso o donación en el que participen dichas organizaciones. El proyecto de ley ha sido aprobado parcialmente, pero su aprobación definitiva por el pleno de la Asamblea Legislativa aún está pendiente”, indicó.
Por este escenario, CIVICU Monitor colocó a El Salvador y su situación del espacio cívico como “obstruido”, concluyendo que para este espacio existe una intensa disputa por parte de los que ostentan el poder, que imponen una combinación de restricciones jurídicas y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales, así como precarizan el ejercicio de prensa y de las organizaciones que defienden derechos humanos.
Con edición de Diego Hernández
