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Juan Pappier, subdirector en funciones de las Américas en Human Rights Watch, lamentó el reciente anuncio del retiro del medio de comunicación guatemalteco, elPeriódico, y calificó este hecho en su cuenta de Twitter como “un golpe duro para la lucha por la democracia y la libertad de prensa en Centroamérica”.
El medio de comunicación guatemalteco elPeriódico, críticos con la actual administración de Alejandro Giammattei, anunció este día el retiro de su edición diaria. Su última edición con la que dirán un “hasta luego” a sus lectores, anunciantes y a la sociedad será publicada el próximo lunes de 15 de mayo.
El medio aseveró a través de un comunicado que, desde la captura de José Rubén Zamora en julio de 2022, presidente y fundador de ese medio, han enfrentado persecuciones, presiones políticas y económicas, razón por la cual se retiraron de la edición impresa hacia la edición digital.
Evidencia de esto son los cuatro abogados detenidos, dos que aún continúan en prisión preventiva, y seis de sus periodistas y tres columnistas investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del fiscal Rafael Curruchiche. El fiscal fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos por supuestamente haber entrampado casos de corrupción en contra de altos funcionarios y de crear casos a exfiscales de la antigua FECI.
“Con profunda tristeza, nos vemos obligados a detener la edición diaria de elPeriódico”, dijeron luego de señalar las razones.
A este hecho que atenta contra la libertad de prensa en 2023, se suma el caso del medio digital salvadoreño El Faro, que desde inicios de abril se vio obligado a trasladarse legal y administrativamente a Costa Rica debido a que en el país “ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la voluntad de funcionarios públicos”, señaló el medio.
Asimismo, en el marco de su retiro legal y administrativo, el medio denunció que durante el actual gobierno fueron objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial, enfrentaron seguimientos físicos y amenazas, periodistas bajo su redacción fueron víctimas de espionaje con el software Pegasus y recibieron acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, calificó el traslado de El Faro hacia Cota Rica como “grave” y señaló que esto “comprueba que hay toda una estructura estatal para atacar a los medios de comunicación, principalmente a aquellos medios de comunicación independiente que son críticos a este gobierno”.
En el caso de Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo inició en mayo una nueva ola de allanamientos y detenciones de decenas de personas defensoras de derechos humanos, líderes de movimientos sociales, y periodistas, según denuncio la Coalición Nicaragua Lucha. Esto tras el despojo de nacionalidades de más de 300 personas durante la primera quincena de febrero, también entre ellos periodistas.
El periodista Carlos F. Chamorro, editor nicaragüense galardonado, y uno de los ciudadanos a quienes recientemente se les despojó de sus nacionalidades, señaló en una publicación del Global Investigative Journalism Network, que la prensa en ese país se convirtió en un enemigo del gobierno tras el estallido social en 2018.
De 2018 hasta la fecha, el régimen nicaragüense ha confiscado bienes y perturbado el funcionamiento normal de 100% Noticias, La Prensa, y la radio comunitaria feminista, Radio Vos, que en octubre de 2022 se vio obligado a mudarse a la edición digital tras el allanamiento y expropiación de sus instalaciones y la suspensión de su derecho a utilizar la frecuencia modulada.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) reveló en un informe que, durante 2022, 5 periodistas fueron asesinados, 17 fueron víctimas de amenazas y frente a estos hechos no se resolvió ninguna condena en contra de los responsables. También registraron otro tipo de agresiones en contra de los periodistas.
El 2022 fue señalado como el año más violento para la prensa en América Latina y el Caribe, según un informe publicado en diciembre de ese año por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.
El mismo informe reveló que en 2022 la región cerró con 37 homicidios de periodistas, precisamente por ejercer su labor informativa; se registraron decenas de exilios, encarcelamientos, medios forzados a clausurar y cientos de periodistas desaparecidos.
Señalaron además que El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, en donde varios periodistas enfrentaron “acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso”, la situación de prensa es “especialmente crítica”.
En el marco del Día Mundial de la Libertar de Prensa, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseveró que 2022 fue el año más letal para la prensa. Aseguró que durante 2023 se reportaron ya al menos 7 asesinatos de periodistas.
Pedro Vaca hizo un llamado “respetuoso, pero también enfático” a los Estados del hemisferio para que garanticen el ejercicio de las y los periodistas. Asimismo, instó a investigar los hechos de violencia y las violaciones a derechos humanos en su contra y a rechazar todas las vocerías públicas de manera contundente, cualquier forma de intimidación o cualquier asomo de violencia.
Recomendó, como una medida de prevención simple, pero eficaz, que las más altas autoridades de los Estados reconozcan de manera constante, publica y firme la legitimidad y la labor periodística aun cuando la información pueda resultar critica o incomoda a las autoridades del turno.
“Si hay más medios habrá más pluralidad, habrá más diversidad, más debate público y tomaremos mejores decisiones como democracia”, agregó en un video difundido en la cuenta de Twitter de las Organización de los Estados Americanos (OEA).
