La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica se pronunciaron frente a los 5 años de seguimiento a la derogación de la Ley de Amnistía ordenada por la Sala de lo Constitucional.

Ellos mencionan que tras cinco años de la sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley de Amnistía General (Inc. 44- 2013/145-2013) el incumplimiento de esta ha sido casi absoluto por parte de todos los poderes e instituciones estatales obligados, favoreciendo con ello la impunidad de violadores de los derechos humanos que perpetraron atrocidades en el contexto del conflicto armado interno.

David Morales, de Fundación Cristosal, asegura que el Estado está sirviendo de mantener oculta la información y se debería que serviría para la lucha de la verdad y justicia. «Son cinco años más de incumplimiento absoluto. Son cinco años más de sufrimiento, de dolor para las víctimas. En la medida que el Estado sigue manteniendo impunidad, defendiendo criminales de guerra y negándose con estándares básicos de verdad y justicia, no saldremos adelante y seguirá la impunidad».

Hicieron también un behemente llamado a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República también ha incumplido sus obligaciones derivadas de la sentencia. Si bien avanzó en un cumplimiento parcial al crear un equipo especial para casos del conflicto armado y aprobó una política de persecución, en la práctica este avance se ha desvanecido.

«Son cinco años más de castigo para las víctimas y cinco de premio para los victimarios. Son cinco años de apoyo al estado de impunidad. Siempre las víctimas tendrán la verdad de su lado, y las víctimas reclaman verdad y justicia», mencionó Oscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos quienes llevan el caso de los 4 periodistas holandeses asesinados el 17 de marzo de 1982.

Reiteran a todos los poderes e instituciones obligados por la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, dar pleno cumplimiento a la misma y superar las acciones u omisiones que favorecen a los victimarios y que han prevalecido hasta hoy.

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