Diversas organizaciones sociales y populares respaldan al defensor de derechos humanos y periodista ambiental, Eduardo Barahona y exigen justicia, libertad y reiteraron su inocencia.

Ante el proceso judicial que enfrenta el periodista, comunicador institucional y defensor ambiental, Eduardo Josué Barahona, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y el periódico digital Vanguardia El Salvador, esclarecieron:

Que el sábado 10 de abril, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar de
residencia del periodista, comunicador institucional y defensor ambiental, Eduardo Josué Barahona, para notificarle que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente había girado una orden de arresto en su contra, por el delito de estafa y falsedad ideológica.

Según las organizaciones los datos expuestos en el expediente público del caso, en el año 2015 su identidad y documentos personales fueron alterados y utilizados por otra persona para cometer una estafa en la compra de un vehículo, hecho ocurrido en el departamento de San Vicente.

Señalaron que días antes del delito, Eduardo fue víctima de robo de sus documentos de identidad y teléfono móvil.

«Esto puede comprobarse por medio de conversaciones de chat que tienen
registradas sus amistades. Durante ese año Eduardo aún cursaba la carrera de Licenciatura en Periodismo en la Universidad de El Salvador (UES), lugar donde nunca se le vinculó a actos delictivos y siempre tuvo una actitud crítica y honesta con sus compañeros y compañeras», expresaron las organizaciones.

Las organizaciones mencionaron que en 2016 el caso pasó al Juzgado de Paz en San Vicente y posteriormente, al Juzgado Segundo de
Instrucción de esa misma localidad. En todo ese tiempo y hasta el día de su captura, Eduardo no había recibido ningún citatorio o aviso para esclarecer la situación, desconociendo por completo del proceso judicial que se llevaba en su contra y evitando que él pudiera ejercer el derecho a demostrar su inocencia. Ante su ausencia, el Juzgado lo declaró en rebeldía.

Según los registros, la PNC buscó a Eduardo en su antiguo lugar de residencia, motivo por el que no lo encontraron en esa época. Sin embargo, en la orden captura que le fue presentada el sábado 10 de abril, el documento incluía la dirección actual de vivienda y la de su familia.

Aseguraron que las mismas pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la República para imputar a Eduardo, son contradictorias y demuestran que él no fue la persona que cometió este delito: En primer lugar, el Documento Único de Identidad, utilizado para la estafa, fue alterado y tiene una
fotografía que no corresponde a Eduardo; las firmas en la documentación utilizada para efectuar el delito no coinciden entre ellas; finalmente, el reconocimiento fotográfico se realizó 18 meses después de que se realizara el delito; en el archivo no hay constancia de que a la víctima se le presentarán otras fotografías, el reconocimiento se hizo únicamente con una fotografía de Eduardo.

Sobre este último aspecto, debido a la cuestionabilidad de esta prueba, el Juzgado de Paz ordenó a Fiscalía que realizará un segundo reconocimiento fotográfico, pero este nunca se hizo.

Mencionaron que actualmente, se ha interpuesto una Solicitud de Audiencia Especial de Revisión de Medidas. Con el objetivo que Eduardo pueda llevar este proceso en libertad. La petición incluye cartas de respaldo de las organizaciones sociales que trabajan con él.

Las organizaciones, solicitan al Juez del caso una pronta resolución que permita esclarecer cuanto antes la inocencia de Eduardo.

A la vez, exigen pronta justicia y la libertad inmediata para Eduardo, que el proceso judicial que enfrenta se desarrolle de forma transparente y bajo el respeto de los derechos humanos.

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