Presentan informe de Evaluación de los Derechos Humanos en El Salvador durante el año 2020

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó el informe de Evaluación de los Derechos Humanos en El Salvador durante el año 2020.

En esta investigación analizan la situación de la defensa y respeto de los derechos humanos durante el año 2020 en El Salvador, hacen principal énfasis en la gestión del gobierno central, en atención que tiene todo su gabinete de gobierno en la satisfacción o no, de los derechos humanos de la población.

Se tiene como punto de partida la situación de los derechos humanos del pueblo salvadoreño y de los avances democráticos, al momento de la instauración del gobierno del presidente Nayib Bukele.

Se analizan las relaciones inter-órganos, sus mutuas influencias y los impactos que esa nueva forma de relacionamiento tiene en la mayoría de la población.

En el informe sostiene que el año de la pandemia de la COVID-19 realidad que impone un sello de grandes diferencias en la vida de la población, es decir, se marca un parteaguas en el que hacer de la población del mundo y por ende, en la del pueblo salvadoreño. A partir de la pandemia, la vida de los seres humanos en el planeta entero ya no será la misma.

FESPAD hace un breve estudio conceptual básico sobre derechos humanos, en la conciencia inequívoca, de la necesidad que hay en muchos sectores de la población de conocerlos y ponerlos en práctica, en especial si son personas que se desempeñan en altos cargos de gobierno y que, sus históricos intereses no han sido precisamente, la defensa y el respeto de los derechos humanos integrales.

Según la Fundación para la Aplicación del Derecho el 2020 ha sido de una evidente falta de respeto a la Constitución y todo el orden jurídico vigente.

Señalaron que habido falta de respeto a la separación y división de poderes, pilar fundamental de la democracia. Sostienen que se tuvo un año, el 2020, de graves retrocesos a derechos humanos, de graves violaciones a la dignidad de las personas.

Concluyeron que hubo una política clara de detenciones arbitrarias, ordenadas con abuso de poder, en violencia a la Constitución y a leyes vigentes; el debido proceso legal fue totalmente desconocido por los agresores estatales.

Además que hubo violaciones graves al núcleo de las libertades: libertad de expresión, de tránsito, de prensa, de acceso a la información pública.

También mencionaron que se ha agravado la violación al derecho a la alimentación adecuada, al acceso al agua de calidad, a la salud, al trabajo, a la vivienda digna.

Ante los resultados del estudio FESPAD recomendó que es muy urgente que las personas responsables y conscientes de la historia vivida por el pueblo salvadoreño, de las causas que generaron el conflicto armado y de las consecuencias que esto trajo, del rol que ha jugado la fuerza armada y de la falacia de “una nueva fuerza armada” de la que habla el presidente de la República, asuman la responsabilidad de convertirse en voceros de la verdad real de lo que pasa en El Salvador, de tal manera que la población caiga a la cuenta de la amenaza anti democrática que se cierne de nuevo sobre el pueblo.

Señalaron que es momento de asumir una actitud proactiva y salir de la inercia e inacción en la que el temor y la pandemia ha tenido sumidos; es momento de volver a levantar la voz contra la mentira, la infamia y el desgobierno que es la realidad; es momento de volver al respeto a la Constitución, al respeto a la separación de poderes y a la participación ciudadana activa en defensa de los derechos humanos de las mayorías de la población.

Hicieron un llamado a las fuerzas progresistas y responsables en El Salvador: Iglesias históricas, movimientos sociales y populares, organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades, centros educativos, comunidades indígenas y LGTBIQ, sindicatos, cooperativas, gremios profesionales, empresarios, partidos políticos, y en general, todas las fuerzas vivas del país, independientemente de las afinidades ideológicas. Todas las fuerzas vivas del país que tienen la enorme responsabilidad de asumir la tarea política que nos corresponde en defensa de la frágil democracia.

Y las nuevas generaciones, que no vivieron el conflicto armado, ni han sufrido sus consecuencias, tienen la obligación de conocer esa historia vivida y sufrida, a profundidad, y poner todo su esfuerzo, su sabiduría y los avances tecnológicos de los que son nativos, al servicio del futuro de la Patria, del fortalecimiento de las condiciones de vida de la población salvadoreña.

Mencionaron que a las y los funcionarios del gobierno, no les queda otra que entender que se desempeñan en un Estado constitucional y democrático de derecho, que deben ser respetuosos de las normas que impone la democracia y someterse al Estado de Derecho; no hacerlo, va a conducir al país por un derrotero peligroso, al que no es admisible regresar.