El objetivo del estudio es contribuir a sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre la alarmante dimensión del fenómeno y sus diversos impactos; y que el Estado salvadoreño cumpla con sus obligaciones de brindar seguridad a la población; buscar a los
desaparecidos e identificar sus restos, investigar y castigar a los perpetradores, reparar integralmente a las víctimas y sus familias.

Según la investigación de FESPAD, la desaparición de personas surge inicialmente como modalidad criminal entre las pandillas por su funcionalidad para generar impunidad penal, pero prolifera con posterioridad, como un eficaz mecanismo para ocultar homicidios en el marco de acuerdos políticos con fines de rentabilidad electoral.

El documento señaló que sólo en el quinquenio anterior, los registros oficiales de la Fiscalía contabilizaron más de 20 000 denuncias de personas desaparecidas, y aun cuando esas cifras se ajusten con los que aparecen vivos o muertos según las autoridades, su dimensión cuantitativa y los impactos múltiples y
posteriores que desencadena en las familias y en las comunidades lo catalogan como una auténtica emergencia humanitaria.

En los últimos años, los reportes oficiales de personas desaparecidas han superado la cifra de homicidios registradas por las autoridades.

«Si bien no es posible hoy día estimar el sub registro de casos en la estadística oficial, es plausible que este haya ido en incremento en el último lustro debido al creciente temor y desconfianza de muchas víctimas hacia la Policía, originada por la creciente participación de algunos de sus miembros en diversos abusos y graves hechos delictivos como ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada», mencionó FESPAD.

También expresaron que el retorno de la práctica de desaparición forzada que se creía erradicada, ha sido favorecido por un contexto de tolerancia e impunidad de las autoridades ante los crecientes abusos y hechos de violencia policial que se profundizaron en el pasado quinquenio.

Señalaron que la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en estos gravísimos crímenes adquiere una dimensión de amenaza superior a la que pueden representar los grupos al margen de la ley.

Asi cómo también la desprotección, el desamparo, la amenaza y el riesgo para las víctimas y para los ciudadanos en general, se maximiza cuando los ciudadanos quedan al arbitrio de funcionarios e instituciones corrompidas e indiferentes a las demandas legítimas de protección y justicia de las víctimas.

«La participación de agentes estatales como sujetos activos en un crimen considerado de lesa humanidad y la prolongada inacción del Estado salvadoreño en prevenir la desaparición de personas, coloca al país en una delicada situación de incumplimiento de diversos compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario», mencionó FESPAD.

En este contexto, como Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho recomendaron:

  1. Crear un registro nacional único de personas desaparecidas, que integre coteje y valide continuamente información de distintas fuentes oficiales, de organizaciones no gubernamentales, Comités de familiares y organismos humanitarios que atienden casos de personas desaparecidas, a fin de contar con una base estadística más completa y de personas no localizadas, que reúna información más confiable y depurada para las
    estrategias de búsqueda, investigación, identificación forense y atención humanitaria de las familias.
  2. Abordar la desaparición de personas como un desafío de Estado que involucre la participación comprometida de los tres Órganos de Estado, la FGR y la PDDH en la adopción de políticas de prevención, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas y de reparación integral de los familiares.
  3. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana
    sobre Desaparición Forzada de Personas, así como adecuar la legislación nacional a los contenidos de ambos instrumentos internacionales.
  4. Adecuar la normativa penal y la legislación nacional relacionada al tema, al marco internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
  5. Someter a discusión en la Asamblea Legislativa una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme a los estándares internacionales de
    derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que contemple una definición de la persona desaparecida, una definición de familiares
    de personas desaparecidas, el derecho a no ser desaparecido, el derecho a ser buscado indistintamente de las causas de su desaparición y a
    que las víctimas reciban asistencia, atención y protección.
  6. Someter a discusión con la participación de organizaciones no gubernamentales y Comités de familiares, una Ley de Ausencia por Desaparición,
    que permita reconocer y dar continuidad a la identidad jurídica de la persona desaparecida, determinar su representación de interés y preservar
    sus derechos, a fin de ofrecer mayor certeza jurídica a sus familiares.
  7. Decretar el 31 de agosto como el Día Nacional de las Personas Desaparecidas, tal y como ha sido establecido internacionalmente y solicitado
    en reiteradas oportunidades por los distintos Comités de familiares de personas desaparecidas.
  8. Diseñar una estructura funcional de coordinación estratégica que integre representación de los tres Órganos de Estado, la FGR, la PDDH y los
    Comités de familiares, responsable de la búsqueda, localización e investigación de casos de personas desaparecidas con enfoque humanitario,
    que cuente con la asesoría de entidades internacionales especializadas como CICR y la OACNUDH. Esta estructura podría adoptar el mandato de un Grupo de Trabajo que enfoque sus esfuerzos en la búsqueda de las personas desaparecidas en la actualidad, que dé aplicabilidad a la ley
    de búsqueda y administre el registro de personas desaparecidas.
  9. Es preciso que este Grupo de Trabajo creado con el mandato de la búsqueda realice un mapeo y nómina de todos los posibles cementerios y
    fosas clandestinas existentes en el país, a fin de diseñar las estrategias de localización e identificación de las víctimas.

10.Fortalecer con recursos financieros, técnicos y humanos las iniciativas técnico científicas llevadas a cabo por el IML desde hace varios años, para la identificación forense de personas desaparecidas. Es preciso ir preparando las condiciones para que el IML pueda convertirse en el mediano plazo en un Instituto de Ciencias Forenses, con capacidades y recursos para responder a las diversas demandas relacionadas con las personas desaparecidas de la violencia actual, los desaparecidos durante el conflicto armado y las personas desaparecidas en la ruta migratoria.

  1. Adoptar en el corto plazo los métodos de identificación dactilar propuestos por el IML y CICR en todas las morgues a nivel nacional, para la identificación rápida y certera de cadáveres de personas no identificadas, bajo el respaldo y la coordinación con el RNPN, la FGR y la PNC.

12.Es preciso regular mediante ley y normas éticas lo relativo a los procesos de inhumación, tratamiento y medios de identificación de los restos de las personas desaparecidas. Esta normativa debe incluir regulaciones sobre el manejo y tratamiento de cadáveres no identificados en cementerios municipales.

13.Realizar un diagnóstico amplio sobre la situación de las familias de personas desaparecidas, a fin de diseñar programas de atención y reparación integral.

14.Capacitar y sensibilizar a fiscales, policías y operadores del sistema de justicia en los estándares internacionales de atención a familiares víctimas de la desaparición de personas, con enfoque humanitario. 15.Definir mecanismos de control y supervisión del desempeño de policías y fiscales en la atención e investigación de los casos y establecer procesos sancionatorios para aquellos funcionarios que incumplan con las normas y enfoques de atención a las víctimas.

16.Ademas mencionaron que es preciso que el Estado salvadoreño, y particularmente el Órgano Ejecutivo, adopte medidas urgentes de prevención, investigación y sanción de elementos de la Policía y miembros de la Fuerza Armada involucrados en casos de desapariciones forzadas, considerado internacionalmente como un delito de lesa humanidad. Esto implica disponer de la colaboración interna y el respaldo institucional, para la realización de investigaciones objetivas e independientes en aquellos casos en los que agentes del Estado están involucrados en estas abominables prácticas.

17.Que el Estado salvadoreño adopte mecanismos de reparación, restitución de derechos, indemnización y atención en salud física y mental a las familias de personas desaparecidas. La implementación de un programa de reparación integral a víctimas de la desaparición tanto del conflicto armado como de la actualidad, sigue siendo una deuda del Estado salvadoreño.

18.Es preciso que la Red de Atención en Salud del Ministerio de Salud desplegada a nivel nacional fortalezca las capacidades de atención y los servicios de salud física y mental a las familias de personas desaparecidas.

19.Es pertinente establecer mecanismos de coordinación, intercambio y colaboración entre las instancias responsables de la búsqueda de los desaparecidos de la actualidad y la Conabúsqueda y la CNB.

20.Ademas solicitan, ampliar los programas de formación académica desarrollados por el IML en las áreas de especialización forense, con la Universidad de El Salvador y con universidades extranjeras, mediante convenios de cooperación.

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