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Por David Ramírez, periodista de VOCES
El experto en derecho penal, Oswaldo Feusier, explicó en un evento sobre las consecuencias jurídicas de la penalización absoluta del aborto que la ambigüedad con la que se ha legislado la obligación de los profesionales de salud de mantener el secreto profesional ha tenido consecuencias negativas en los casos de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas.
La Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud establece que los prestadores de servicios de salud tienen el deber de garantizar el secreto profesional a sus pacientes. Sin embargo, la misma ley afirma que este podrá ser quebrantado “por autorización escrita del mismo o porque existan razones legales o médicas imperiosas”.
“Ahí comienza un poco la confusión porque generalmente cuando se regula el secreto profesional dice: el médico tiene la obligación de guardar el secreto profesional a menos que la ley lo obligue… Es como una especie como de cláusula en blanco, una clase de cheque abierto. El secreto profesional lo mantiene el médico salvo lo que digan las leyes”, argumentó Feusier.
Uno de los casos más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y su autonomía reproductiva es el caso de Manuela, quien fue sentenciada en 2008 a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo y quien murió mientras cumplía dicha condena.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó que el Estado salvadoreño fue culpable de violar la salud, la vida, la integridad física y mental de Manuela.
Además de ello, ordenó al Estado salvadoreño garantizar “la certeza legal del secreto profesional médico mediante una regulación adecuada que sea el resultado de una debida ponderación de los derechos e intereses en juego, y crear un protocolo para su protección por personal médico en casas relacionados con emergencias obstétricas o abortos que cumpla con los estándares internacionales y que contemple detalladamente los supuestos de excepción”
Pese a la sentencia, las denuncias de organizaciones que acompañan a las mujeres criminalizadas frente a emergencias durante el embarazo concuerdan en que la normativa del secreto profesional dentro de los servicios médicos es ambigua.
Profesionales del sector de salud han confirmado esta ambigüedad.
“El secreto profesional y la obligación de denunciar los abortos figuran entre los principales obstáculos que los médicos se enfrentan al momento de atender, por ejemplo, abortos espontáneos, obstétricos u otros, debido a que estos casos presentan “ambigüedad” para actuar oportunamente”, explicó la doctora Aurora Salazar, integrante de la Unión Médica por la Salud y Vida de las Mujeres en un conversatorio en mayo.
Feusier reiteró que «procesar a una mujer y querer condenarla no es un interés superior para quebrar el secreto profesional, eso fue lo que dijo-la Corte IDH- en el caso de Manuela. Y eso es lo que se sigue repitiendo insistentemente en todo este tipo de procesos».
