VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
“Las organizaciones están en peligro”, aseguró Cristosal con base al reciente informe de “Sociedad civil en Alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación”, en el que sistematizan las experiencias de 71 organizaciones de la sociedad civil, y revelan patrones graves de vulneraciones.
Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, manifestó que entre los principales patrones están las amenazas contra la vida y seguridad personal, el acoso (ciberacoso, sexual, administrativo), la criminalización, las dificultades de inscripción de las personerías jurídicas, la censura, la estigmatización, la constante negación de información pública, incluso, espionaje.
De acuerdo con Monti, estos patrones de vulneraciones en el funcionamiento de las organizaciones se han observado durante la administración del presidente Nayib Bukele. Con la entrada del régimen de excepción, en marzo de 2022, las organizaciones también fueron expuestas a un mayor riesgo porque ante la crítica y el cuestionamiento de la vulneración del estado de derecho surge una latente amenaza de una captura arbitraria, sostuvo la defensora de derechos.
Además, señaló que los patrones impactan de manera negativa en organizaciones de sociedad civil. Entre estos, la generación del temor en la participación por posibles represalias, los riesgos de ser víctimas de violencia sexual (en el caso de las organizaciones de mujeres), la disminución de miembros en las actividades de defensa de derechos humanos y obstaculizan el acceso a financiamientos o proyectos de cooperación.
“Nos preocupa de manera importante que esto se incremente y poco a poco se vayan acallando a las organizaciones. Muchas de las comunidades quedarían en desprotección”, agregó Monti.
El informe expuso que, en todos los sectores para los cuales trabajan estas organizaciones, el factor común es que el principal vulnerador de los derechos de libre expresión, participación y asociación es el Estado salvadoreño. “El estado ha mostrado que no necesita una ley especial (Ley de Agentes Extranjeros) para poder amedrentar, censurar y sancionar a las organizaciones. Pueden hacerlo con los mecanismos que ya dispone. El riesgo sigue estando vigente, aunque no tengamos esa Ley”, mencionó.
Las organizaciones de sociedad civil que participaron en la investigación anticipan que los próximos años se caracterizarán por condiciones cada vez más hostiles y complicadas. Manifestaron también su preocupación a que dicho escenario permita el cierra de estas a causa del acoso administrativo y legal desde las instituciones estatales y que otras se vean obligadas a abandonar el país.
Ante este escenario, Cristosal y demás organizaciones exigieron al Estado salvadoreño detener con estas vulneraciones a los derechos de participar, a la libre expresión y asociación; a establecer espacios de diálogo y a trabajar en conjunto. “Las organizaciones son una fuerza colectiva que promueve el desarrollo social”, dijeron.
Con edición de Morena Villalobos
