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«No hay, hoy por hoy, promoción de transparencia basada en estándares internacionales, ni tampoco, hay un combate efectivo contra la corrupción», afirmó Jessica Estrada, directora del Área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Representantes del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrada por diferentes organizaciones, entre ellas Funde, indicaron mediante un diagnóstico que en El Salvador no se registran acciones significativas por parte de las instituciones de fiscalización y control de la corrupción, persiste la limitación del acceso a la información que, a su vez, reducen los espacios de participación ciudadana.
“Cuando hablamos de promover transparencia y de combatir la corrupción, nos estamos refiriendo a elementos esenciales que nos están haciendo mucha falta en el país como el acceso a información pública, cada vez más limitada, la participación activa de la ciudadanía o contar con mecanismos de participación y rendición de cuentas; y un rol efectivo, eficiente e independiente de las diferentes instituciones de control. Esto no lo estamos viendo”, sostuvo Estrada.
Entre los indicadores en los que se basó el Consorcio, señalaron en un comunicado el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2022 y publicado en 2023, en el país obtuvo la calificación de 33/100 (cero significa mayor nivel de corrupción y 100 el menor) y la posición de 116 sobre 180 países. Según las organizaciones, esta figuró la peor posición desde su ingreso en 1998.
Asimismo, resaltaron el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, emitido en 2023 y que evaluó a 140 países, entre ellos El Salvador. La puntuación de este fue de 0.45/1.00 (donde 1 significa el mayor puntaje y 0 el menor). Entre los factores que evalúan se encuentran la “ausencia de corrupción”, “gobierno abierto” y “libertades fundamentales”. “Los resultados muestran que persisten retos importantes para la transparencia, la lucha contra la corrupción y el respeto de las libertades fundamentales, ya que los puntajes del país están por debajo de los promedios regionales y globales”, agregaron las organizaciones.
Abraham Abrego, director del programa de Litigio Estratégico de Cristosal, enfatizó que uno de los problemas ante la falta de transparencia y la lucha contra la corrupción, también son las vulneraciones a derechos humanos como a la libertad de participación, expresión, pero también económicos y culturales.
Para Lourdes Molina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el desafío en la transparencia, en materia en el ámbito de las finanzas públicas, se observa y preocupa al mismo tiempo, por ejemplo, que el Estado no publique las bases de datos del proyecto del Presupuesto General de la Nación y la falta de participación ciudadana para el mismo.
“En la medida que se cuenten con estos datos pendientes, se promueve la transparencia, se permite un análisis mayor de algo tan importante como el presupuesto público, se identifican aquellos aspectos donde hay irregularidades y permite hacer recomendaciones”, agregó.
Con edición de Morena Villalobos
