sábado , abril 13 2024
Foto: Diego Hernández

Estado salvadoreño sigue en deuda del cumplimiento de la sentencia condenatoria internacional por desaparición forzada de niñez salvadoreña

La Asociación Pro-Búsqueda (Pro-Búsqueda) sostuvo una conferencia de prensa donde afirmó que, si bien el Estado salvadoreño ha cumplido con algunas de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia de 2005 por el caso de las Hermanas Serrano Cruz, todavía falta que cumpla con otras, que, además, son las más importantes.

“A 19 años de la sentencia, aún no se tiene información actualizada sobre el reglamento a la Ley del Banco de Datos Genéticos aprobada en 2021, que permita establecer que ha incluido aquellos estándares y peticiones hechas por Pro-Búsqueda para que se establezca una ley que respete la dignidad de las víctimas y que sea una herramienta para la identificación de personas para casos del conflicto como los actuales. Tampoco se ha dirigido una investigación seria, sostenida e integral para determinar responsabilidades sobre los hechos ni se ha obtenido información sobre el destino de las 2 niñas, siendo la falta de acceso a archivos_ militares una de las principales razones para que el caso se mantenga en impunidad”, mencionó Pro-Búsqueda en un comunicado.

La sentencia incluía la creación de un banco de datos genéticos para poder utilizarlo como herramienta en la búsqueda e intentos de reencuentro entre niñez desaparecida en el conflicto armado y su familia biológica. Sin embargo, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó en 2021 la Ley del Banco de Datos Genéticos, este todavía no se encuentra en funcionamiento, ni se conoce detalles específicos de ello.

Pro-Búsqueda mantiene su propio banco de datos genéticos, único en la región, el cual ha utilizado para llevar a cabo 591 reencuentros entre niños víctima de desaparición forzada durante el conflicto armado y sus familias biológicas.

También, incluía la investigación de presuntos victimarios responsables de desapariciones forzadas de niños, y la investigación del paradero de las víctimas. No obstante, el Estado no ha llevado a cabo estas acciones. «Se está cargando a la sociedad civil», expresó Helí Hernández, de la unidad jurídica de Pro-Búsqueda, aseverando que el Estado no ha utilizado sus herramientas para determinar responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

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