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La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, dijo en un evento sobre los impactos de los estados de excepción decretados en El Salvador y Honduras que estos instrumentos utilizan el sentimiento nacional dirigido hacia un objetivo en específico como excusa para limitar las garantías que brindan los derechos humanos.
“Los estados de emergencia buscan movilizar el sentimiento nacional en torno a un determinado objetivo declarado, y este objetivo se reclama como justificación para la limitación de las garantías de los derechos humanos”, afirmó.
Sobre ello, explicó que cuando las personas defensoras de derechos humanos cuestionan los estados de excepción, estas son propensas a consecuencias por parte de los poderes estatales debido al mismo marco jurídico nacional que cambió durante la utilización de esta práctica.
“Se despliegan poderes adicionales tomados por las autoridades a través de estados de emergencia para atacar a los defensores en represalia directa por su trabajo anterior o su participación en movimientos sociales”, mencionó Lawlor.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, generando una limitación de derechos constitucionales que ha resultado en más de 64,000 personas capturadas presuntamente de pertenecer a grupos criminales, y más de 3,745 personas detenidas que el mismo gobierno, a través del ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dijo han sido liberadas.
Funcionarios oficialistas han llamado “margen de error” de su “guerra contra las pandillas” a las personas capturadas que han sido liberadas luego de comprobar su inocencia.
En Honduras, el estado de excepción implementado originalmente en 162 municipios del país desde el 6 de diciembre de 2022, fue extendido por 45 días más y ampliado en 73 ciudades adicionales, sumando 235 del total de 298 municipios.
