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Las organizaciones de defensa de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado hicieron hincapié en la falta de voluntad de la institucionalidad salvadoreña, demostrado en la decisión tomada el 13 de mayo de 2024, cuando la actual Asamblea Legislativa redujo las comisiones de trabajo y estableció la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que dio paso a eliminar anteproyectos de ley propuestos en materia de derechos humanos, como la solicitud de archivar la propuesta de ley de justicia transicional.
La persistente indiferencia por parte de los diferentes gobiernos en reconocer la responsabilidad del Estado y en facilitar el acceso a la información, necesaria para reparar el daño a través de la verdad y la justicia, ha mantenido a la población víctima y sobreviviente del conflicto armado en un estado de vulneración histórica de sus derechos humanos.
Ana Julia Escalante, directora ejecutiva de la Asociación Pro-Búsqueda, denunció que el contexto actual no ha favorecido el establecimiento de políticas que atiendan las necesidades de las víctimas. “En la tendencia de impulsar el olvido, hoy más que nunca vamos a continuar exigiendo propuestas que amparen a las víctimas y sobrevivientes, y como organizaciones continuaremos acompañándoles sobre todo porque son la voz en este tipo de hechos”, enfatizó Escalante.
Para Carlota Ramírez, sobreviviente de la masacre del Volcán de San Salvador ocurrida el 10 de mayo de 1982, archivar la propuesta de Ley de Justicia Transicional significa continuar revictimizando y restar valor al trabajo que han dedicado por años. “Están ignorando y menospreciando nuestra memoria. A la larga no permitirá que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia, olvidando su pasado”, lamentó Ramírez.
Por ello, exigieron a las autoridades pertinentes a retomar el diálogo con las organizaciones representantes de las víctimas del conflicto armado y reconocer los esfuerzos de los colectivos de memoria histórica por mantener vivo el testimonio de miles de víctimas. De igual manera, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Judicial a que cumplan con su papel institucional de defensores de los intereses de la población y acceso a la justicia.
