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En el estudio “Desalojos forzosos en El Salvador: un flagelo multidimensional”, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señala que en el país ha ocurrido un aumento de desalojos forzosos bajo la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad y Posesión Regular de Inmuebles, que establece un proceso rápido para desalojar de sus viviendas a familias pertenecientes a comunidades.
Entre los hallazgos se destaca que hay 1,726 procesos que pudieron haber concluido en desalojos forzosos, ejecutados por Juzgados de Paz a escala nacional entre el 2017 y 2021. Los departamentos donde se han iniciado la mayor cantidad de procesos son: San Salvador, La Libertad y San Miguel.
“Esta problemática de los desalojos forzosos tiene relación o está vinculada a la falta de garantía al derecho a una vivienda adecuada en El Salvador”, mencionó Héctor Carrillo, director ejecutivo en funciones de FESPAD.
Según datos oficiales de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del 2022 en El Salvador, solo el 51.8 % de las personas son propietarios de una vivienda, mientras que el 30 % de los hogares salvadoreños viven en hacinamiento.
FESPAD recalca la desatención estatal para garantizar seguridad jurídica con respecto a las propiedades de tierra en que habitan miles de salvadoreños. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda afirma contar con registros de 92 asentamientos humanos irregulares distribuidos en nueve departamentos y 34 municipios.
Por otra parte, FESPAD ha verificado que existen diferentes comunidades que no se han sido contabilizadas, como las comunidades de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, ambos en el departamento de La Paz. Además, MOVITIERRA posee registros de asentamientos en el municipio de Metapán, Santa Ana.
Ante dichas cifras, FESPAD identifica opacidad por parte de las instituciones públicas ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), declaró como inexistente el registro de asentamientos humanos en terrenos.
“Donde yo vivo, hay varias familias que están en zozobra porque el Estado nos está desalojando a pesar de los años que tengamos de vivir en nuestras comunidades. El Estado nunca nos ha dado la seguridad jurídica de tener una escritura”, mencionó Mélida Alvarado, líder del caserío El Mozote, en la Costa del Sol, La Paz, y miembro del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra, El Salvador (MOVITIERRA).
FESPAD hace un llamado al Estado salvadoreño a reconocer los derechos humanos de las comunidades afectadas a través de la anulación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles y presentar como alternativa una creación de planes, políticas públicas integrales y efectivas que prioricen los derechos de las personas sobre intereses mercantiles.
