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A 41 años del despliegue del operativo militar “Domínguez de Pacificación y Limpieza” en Chalatenango, conocido como la “Guinda de Mayo”, la organización Pro-Búsqueda exigió al Estado salvadoreño que cumplan con su compromiso de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica las víctimas.
Al respecto, Heli Hernández, del equipo jurídico de Pro-Búsqueda, manifestó que para los casos de niñez desaparecida forzosamente durante la Guinda de Mayo ningún responsable ha sido señalado por las autoridades, imperando la impunidad hasta la fecha.
La Guinda de Mayo fue un operativo militar desplegado en grandes zonas geográficas del sur y noroeste del departamento de Chalatenango, entre mayo y junio de 1982. Este operativo dejó como resultado más de 500 personas asesinadas y 250 niños y niñas desaparecidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la sentencia de las hermanas Serrano Cruz y otros (2014), señala la participación del Batallón Atlácatl, junto a unos catorce mil militares de la Fuerza Armada de El Salvador.
Junto a la sentencia de las hermanas Serrano Cruz, la CorteIDH ha condenado a El Salvador en otras dos ocasiones: sobre el caso Contreras y otros en 2011 y Rochac Hernández y otros en 2014. Asimismo, en octubre de 2022, el Estado salvadoreño tuvo una audiencia de seguimiento sobre estos.
En el caso de Rochac Hernández y otros, el más reciente avance fue la reunificación de José Adrián Rochac con su familia biológica en 2023, luego de haber sido raptado en el contexto de la Guinda de Mayo. Esto se logró mediante investigaciones de la Fiscalía General de la Republica y la Asociación Pro-Búsqueda. Sin embargo, Heli Hernández manifestó que “en casi 8 años –la Fiscalía- no había accionado sus instituciones para poder ubicarlo”.
Por su parte, la directora de Pro-Búsqueda, Ana Julia Escalante, señaló que los casos y reencuentros resueltos hasta la fecha han sido debido a los esfuerzos de los familiares, junto con lo organización. Esto debido a la falta de voluntad de las autoridades salvadoreñas a brindar verdad y justicia, dijo.
“A la fecha, ninguno de los gobiernos en turno ha querido responder al tema de la justicia, no han querido identificar a los responsables de los graves hechos, no han querido señalar y mucho menos los han querido llevar ante la justicia o a juicios como en otros países que se ha desarrollado los juicios en contra de los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos”, indicó Escalante.
Precisamente por la impunidad sobre estos casos, la organización exigió al Órgano Ejecutivo cumplir con las sentencias constitucionales, administrativas y del sistema interamericano relacionadas con la Guinda de Mayo, especialmente a las medidas que tienen que ver con el acceso a archivos militares, reparación y garantías de no repetición.
Al legislativo y al judicial demandaron la aprobación de una ley de justicia transicional, la creación del Banco Nacional de Perfiles Genéticos, y la agilización de las investigaciones de casos del conflicto armado, respectivamente.
A 41 años de la Guinda de Mayo, la organización aseveró que las madres y familiares de las víctimas continúan esperando a que la institucionalidad funcione en beneficio de conocer la verdad y no en protección de los victimarios.
