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Desde julio de 2023, múltiples comunidades y organizaciones se han pronunciado ante la construcción dirigida por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de una planta de tratamiento de aguas negras para la comunidad El Mozote, en el municipio de Meanguera, Morazán.
Representantes de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) denunciaron que, a la fecha, dicha construcción continúa, incluso, se ha intensificado. La obra no fue consultada a los pobladores y no posee un permiso ambiental, aseguraron.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal, detalló que sobre el caso han continuado un proceso ante instancias nacionales. El mismo año que inició la construcción, las organizaciones presentaron una denuncia al Juzgado Ambiental de San Miguel en la cual pidieron medidas cautelares ya que esta afectaría el sistema de agua que abastece a los habitantes, generaría alteraciones a la fauna y flora, produciría malos olores a los alrededores de los sitios comunitarios y finalmente, causaría “un daño e impacto irreversible”, aseguraron en el escrito de la denuncia.
En octubre de 2023, el juzgado dilató el proceso al declararse incompetente. Este realizó una inspección al sitio y verificó la presencia de nacimientos de agua y quebradas afluentes a los ríos de la zona. Aun así, lamentó el abogado y demás representantes de organizaciones, el 11 diciembre el tribunal denegó las medidas cautelares sin explicar las consideraciones sobre la decisión.
El pasado 13 de febrero, tras un recurso de apelación, la Cámara Ambiental de San Salvador anuló la decisión del tribunal de San Miguel, reconociendo la falta de fundamentación. Sin embargo, Alejandro Díaz dijo que “nos preocupa que la DOM sigue trabajando en la zona a pesar de la resolución de la Cámara y a pesar que el juez ambiental tiene que actuar y aplicar medidas cautelares y atender pruebas que hemos presentado”.
Leonel Claros, presidente de APDHEM, destacó además que la construcción se realiza sobre un terreno expropiado a víctimas y familiares de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, perpetrada por la Fuerza Armada en 1981. Tanto para Leonel y otros defensores coinciden en que esta situación va en contra de las recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la cual fue condenado el Estado salvadoreño en 2012.
Lo anterior, explicó Claros, porque la obra fue inconsulta, viola el derecho de las víctimas que huyeron de la zona tras la masacre durante la guerra de retronar al lugar y porque con esta obra se limita el desarrollo de exhumaciones para continuar con las búsquedas de restos de personas masacradas en 1981. “Estas obras están violentando esa posibilidad”, aseguró Claros.
Frente a esto, los representantes de las tres organizaciones exigieron a la DOM que respete la resolución de la Cámara Ambiente de San Salvador, al Juzgado Ambiental de San Miguel que decrete medidas cautelares y al Estado salvadoreño a accionar en el marco del cumplimiento de la sentencia internacional de la Corte IDH sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños, las cuales, denunciaron, están siendo ignoradas ante la construcción de la planta de aguas residuales.
Con edición de Morena Villalobos
