lunes , julio 15 2024
Foto: Televisión Católica Arquidiocesana

Exigen transparencia y participación ciudadana ante indicios del permiso de explotación a cielo abierto en mina transfronteriza Cerro Blanco


“Les instamos a anular de inmediato la autorización emitida y a comprometerse con un proceso transparente y participativo que incluya a los vecinos de Asunción Mita. Este municipio y su población merecen el respeto a la decisión popular de no a la minería”, demandaron representantes de la Red Centroamericana para la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT) y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (RENAM) ante la situación de permisos de explotación a cielo abierto de la mina Cerro Blanco.


A mediados de enero, Bluestone Resources, la empresa a cargo de dicha mina transfronteriza anunció en su página web oficial haber obtenido por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala el permiso ambiental para reemplezar su explotación subterránea a una a cielo abierto. Pocos días después, dicho ministerio se pronunció a través de un comunicado manifestando no tener las competencias para otorgar licencias de esa naturaleza y que realizaría una auditoría ambiental en el proyecto.


Según RedCAT y RENAM la situación ha sido aclarada debido a que los procesos concernientes al MARN de Guatemala son únicamente “requisitos”, pero la entidad a cargo de avalar o no dicho cambio de operatividad de la mina es el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala, encabezada por el ministro recién juramentado, Víctor Ventura. Este último, según diversos periódicos regionales, anunció una revisión de todas las licencias mineras en el mismo país.


Para los representantes de los espacios aglutinados, en caso de completar dichos procesos, la mina Cerro Blanco supondría un riesgo ambiental inaceptable para la región Centroamericana, especialmente para Guatemala, El Salvador, Honduras. El proyecto contaminaría el río Lempa, junto a otros mantos acuíferos compartidos en tres países, y causaría una destrucción socioambiental, dijeron en un comunicado.


Ante esta situación de incertidumbre sobre los permisos en la mina transfronteriza, las organizaciones demandaron mayor compromiso para proteger los bienes naturales, la vida de las personas y para que inicien un diálogo en conjunto y adoptar un tratado de aguas transfronterizas con perspectiva regional, de cuenca, de sustentabilidad y de participación real de las comunidades, pueblos indígenas y demás.
“Necesitamos por encima de todo que se vele por la dignidad humana y el bien común”, acotó Sandra Asencio, de RedCAT.

Con edición de Morena Villalobos

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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