jueves , septiembre 29 2022

Falta justificación para reorientar dinero a Fomilenio II por parte de Asamblea y Gobierno

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó 48 horas para que la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo den sus argumentos en relación a la reforma al decreto 640 y a la asignación presupuestaria de $354.2 millones para el pago del Fondo para el Desarrollo Social (FODES).

Esto según la notificación que recibió el Congreso este martes de la Sala y que fue leída en sesión plenaria.

El pasado miércoles 9 de diciembre, el Presidente Nayib Bukele devolvió vetados ambos decretos por inconstitucionalidad un día después, el Congreso superó el veto, por lo que la controversia debe ser dirimida por el Máximo Tribunal.

Tras admitir la controversia, ambos Órganos de Estado deben explicar la razón de su actuar y cuál es la base legal.

El pasado 26 de junio, los diputados aprobaron reformar y reasignar $354.2 millones del decreto 640 de fideicomiso y pago a proveedores privados del Estado, ya que expusieron que estos recursos estaban disponibles al no haber aprobado su asignación.

Así se distribuirían los fondos:

  • $288.2 millones para el FODES de siete meses.
  • $50 millones para FOMILENIO II para concluir proyectos.
  • $16 millones para pago de pensión a veteranos para finalizar el año.
  • $45.8 millones al pago de proveedores del Estado.

Según los legisladores, la asignación tiene como base la solicitud de asignación presupuestaria que formuló el Ministerio de Hacienda de los $1,000 millones conseguidos en con la emisión de bonos ante el mercado internacional.

Dentro de esta petición, Hacienda expuso que $645.8 millones se dirigirían al déficit aprobado en el presupuesto 2020 y los $354.2 restante serían parte del decreto 640; es decir, se tomó el fondo restante al fideicomiso.

Según el Presidente Nayib Bukele, quien ya había anunciado el veto por ser una disposición «materialmente imposible», se viola el artículo 226 de la Constitución de la República, pues transgrede el principio de legalidad y habría invasión de facultades por la Asamblea a las del Ejecutivo. Esto en el sentido de la dirección de las finanzas públicas, pues manifiestan que no fue a iniciativa del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, los diputados aseveran que pueden realizar las reorientaciones pertinentes.

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