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“Hay un escenario de grave incumplimiento”, así afirmaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los distintos representantes de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, crimen perpetrado hace 42 años y condenado por dicho tribunal hace casi 12 años.
La “grave” situación procesal fue expuesta durante una reciente audiencia privada de supervisión desarrollada el 12 de marzo con la Corte IDH en su sede en San José, Costa Rica. Practicaron representantes de las victimas como El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Derechos Humano Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y Cristosal. Hubo también representación del Estado salvadoreño.
El jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales, detalló que durante la audiencia se expuso sobre las violaciones al debido proceso “por acciones u omisiones” durante el caso a cargo de la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Teresa Mirtala Portillo, pero también de las reparaciones aún pendientes para las víctimas relacionadas a la verdad, justicia, reparación, entre otras.
El defensor de derechos humanos destacó un plan de investigación que pretende llevar a cabo la jueza Portillo. El plan fue informado a la Corte hace 19 meses. Sin embargo, a juicio de Morales, por su diseño y su ejecución parcial, el fin de este plan es “paralizar el proceso y por eso se ha caído en un estancamiento de la instrucción penal”.
Morales explicó que actualmente, el caso se centra en tres oficiales militares considerados los máximos responsables, incluido el exministro de Defensa, el general José Guillermo García, en contra de quienes durante varios años se han recolectado “suficientes pruebas”, dejando en evidencia que sí se perpetró la masacre y la responsabilidad de estos.
Sin embargo, la jueza con su plan de investigación proyecta que se investiguen a los autores materiales del crimen o los perpetradores directos. En otras palabras, se abriría una línea de investigación en contra de más de mil hombres que integraron en esa época al Batallón Atlacatl, grupo militar que llevó a cabo la masacre.
“Sería prácticamente paralizar el caso por varios años en un escenario en el cual más de 130 víctimas han fallecido desde que se denunció el caso y también tres de los militares acusados. Por lo tanto, proponerse alargar por años la investigación cuando ya hay suficiente prueba contra los trece militares que están siendo juzgado desde que se reabrió el proceso implicaría simplemente volver inefectiva la justicia”, manifestó.
Lo anterior, sumado a que la jueza ha causado un permanente bloqueo al trabajo de la acusación particular. Solo en 2023 durante más de diez meses, los abogados de las víctimas no tuvieron acceso al expediente judicial, y, a la fecha, el tribunal ha notificado a los mismos que para tener acceso al expediente deben solicitar copias digitales, proceso con meses de duración para la respuesta.
Asimismo, denunciaron ante la Corte IDH como el mismo Estado salvadoreño negó en 2020, cuando aún estaba a cargo el anterior juez en el caso de El Mozote, el acceso a los archivos militares. “Fue una responsabilidad directa documentada en el proceso judicial por parte del presidente Nayib Bukele y el Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy. También se suma la omisión de la Fiscalía General de la República de emprender investigaciones contra ambos funcionarios por los graves obstáculos en la investigación al haber bloqueado los archivos militares”, señaló.
También expusieron a la Corte IDH “graves problemas de funcionamiento” y el “parálisis” en el Registro Único de Víctimas. Esta situación afectada por la disolución de diferentes entidades, como la Dirección General de Estadística y Censos en El Salvador (DYGESTIC), las cuales daban soporte al proceso.
Tras esta reciente reunión, los representantes de las víctimas esperan que la Corte IDH emita pronto una nueva resolución de supervisión y le exija al Estado salvadoreño que supere todos los “graves incumplimiento, sobre todo los relacionados a la justicia”, la parálisis del caso y la omisión de elevar a plenaria el proceso, así como el acceso a los archivos militares.
“Nuestra valoración como equipo legal que representa a las víctimas es que, a pesar del bloqueo de los archivos militares o a los documentos fundamentales militares; a pesar de que esto ha sido bloqueado y no ha sido entregado, existe ya suficiente prueba testimonial, documental, pericial y forense. De ahí que nuestra mayor demanda y exigencia es que la jueza cese el manejo del caso con criterios dilatorios y que en incumplimiento eleve ya a plenaria y pasar a etapa final en contra de los trece oficiales acusados en la masacre de El Mozote y lugares aledaños”, reiteró el defensor de derechos humanos.
Con edición de Morena Villalobos
