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La Comisión denunció ante la comunidad internacional y a los órganos garantes del debido proceso, la vulneración sistemática al Derecho de Acceso a la Información y el Derecho a la Verdad, a través del bloqueo absoluto que el Gobierno de la República mantiene a los archivos vinculados al conflicto armado salvadoreño que se encuentran en poder del Ministerio de la Defensa Nacional.
También lamentan que el Órgano Ejecutivo continúe negando el acceso a los archivos generados entre los años 1970-1992, periodo en la cual el Estado, a través de las «fuerzas de seguridad» persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de salvadoreñas y salvadoreños, entre ellos, miembros de la Comunidad Universitaria.
Además condenaron los actos de intimidación y de acoso de los cuales fueron objeto periodistas, defensores de derechos humanos y servidores públicos que acompañaron las diligencias judiciales de inspección de los archivos, ordenados en el marco del proceso penal por las ejecuciones extrajudiciales en el caserío El Mozote y lugares aledaños.
Hacieron un llamado al señor Fiscal General de la República y al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a fin que, en el marco de sus atribuciones legales, investiguen los hechos y tomen las acciones pertinentes a fin de garantizar el Estado de Derecho.
Además solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el marco del seguimiento de su sentencia en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, solicite un informe al Estado salvadoreño, atinente a los lamentables sucesos de incumplimiento de una orden judicial.
Por otra parte, esperan que el Ministerio de la Defensa Nacional cumpla con la Sentencia 263-A-2018 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, y entregue la información solicitada por la Universidad de El Salvador relacionada con los hechos de graves violaciones a derechos humanos cometidas contra miembros de la Comunidad Universitaria entre 1970-1992.
