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“Las dificultades para litigar casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado derivan de un problema estructural: la impunidad institucionalizada”, señaló David Morales, jefe del área de justicia transicional de Cristosal, en el taller: «Litigar estratégicamente los casos del conflicto armado”, durante la» «Semana de la Memoria Histórica».
Entre las décadas de 1980 y 1990 aproximadamente 75,000 personas murieron, 15,000 desaparecieron, y cientos de otras fueron masacradas. De casos que surgieron de ese periodo, no más de diez se han judicializado y todos siguen en la impunidad.
Morales mencionó, que entre otras limitaciones, legislaciones como la Amnistía (derogada en 2016), prácticas separadas de estándares internacionales y constitucionales como el archivo de casos, la inamovilidad procesal, diligencias infructuosas y dilatorias, y la falta de una Sala de lo Constitucional parcial e independiente.
Lo anterior, involucrando al Estado salvadoreño y también a la Fiscalía General de la República (FGR), a la que calificó de “pasividad extrema y con falta de voluntad de realizar diligencias de investigación en los casos y en las cadenas de mandos de la Fuerza Armada de El Salvador (en los casos que le señalan)”.
A todo esto, se suman también las mismas dificultades y retos de los mismos casos como su antigüedad (crímenes perpetrados hace 40 años o menos), el contexto y las pruebas físicas.
Pese a ese escenario, las organizaciones, junto a víctimas del conflicto armado, han logrado avances en algunos casos. Ejemplo de esto, la reciente orden de captura (aún sin ejecutarse) contra altos mandos militares señalados como presuntos responsables de la masacre El Calabozo.
Pedro Cruz, de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU) y uno de los abogados que acompañan el caso de los cuatro periodistas holandeses, destacó también la captura a finales 2022 de dos altos mandos militares señalados como responsables, así como la solitud de extradición y emisión de alerta roja en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) contra un tercer militar que actualmente residen en Estados Unidos.
Para este caso, Cruz indicó que existe la posibilidad que para el 2024, este avance a juicio o etapa plenaria.
Tanto los representantes de Cristosal, como ASDEHU, reiteraron en el taller que sus esfuerzos por la verdad, la justicia, reparación, garantías de no repetición y la memoria histórica en favor de las víctimas no se detendrá.
Con edición de Morena Villalobos
