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“Tenemos que seguir hasta conocer la verdad y tener justicia. No descansaremos. La lucha continúa”, dijo a VOCES Teresa abarca, familiar de víctimas de la masacre El Calabozo, San Vicente.
Como parte de los esfuerzos en los procesos de verdad y justica desde la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), que aglutina a más de una decena de organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de la memoria histórica, se llevó a cabo el 14 de noviembre, en San Esteban Catarina, San Vicente, una asamblea con diferentes víctimas y sobrevivientes de graves violaciones derechos humanos.
La asamblea tuvo como objetivo el brindarles un recorrido a las víctimas sobre cómo ha avanzado los diferentes procesos de verdad y justicia, y la exigencia al Estado salvadoreño de una Ley de Justicia Transicional. Sobre este último, las víctimas presentaron en 2021 a la Asamblea Legislativa una propuesta de iniciativa de ley, pero, a la fecha, no ha sido estudiada.
Juan Carlos Sánchez, integrante de la Fundación por el Debido Proceso (DPLF en inglés), enfatizó en los principales obstáculos que desde las organizaciones y las mismas víctimas han tenido desde la firma de los Acuerdos de Paz: La aprobación de la Ley de Amnistía en 1993, que posteriormente fue declarada inconstitucional en 2016, y la falta de voluntad estatal por cumplir con sus obligaciones en materia de verdad y justicia.
“Sin embargo, esto no ha sido el obstáculo para las víctimas y las organizaciones sigan presionando por una ley que proteja integralmente a las víctimas, que les repara y que de acceso a justicia plena”, sostuvo Sánchez.
Susana Ramos, parte del equipo de Justicia Transicional de Cristosal, destacó que el órgano legislativo adeuda la aprobación de una ley, pero esta debe contener los cinco pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y la memoria histórica. Esta, además, debe tener como centro a las víctimas y garantizar la apertura a los archivos militares, los cuales aportarían en los diferentes casos judicializados sobre el conflicto armado (no más de diez).
Asimismo, las organizaciones destacaron los recientes avances en dos casos emblemáticos: la reciente orden de captura en contra altos mandos militares señalados como presuntos responsables de la masacre El Calabozo y la captura, en 2022, de altos mandos también señalados como responsables en la emboscada y asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.
Para este último caso, también se ha solicitado la extradición del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4º Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, y quien actualmente reside en Estados Unidos. Reyes figura además en la lista de notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
“Si un caso avanza, se abre la posibilidad que los demás (casos sobre graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado) lo hagan”, dijo Oscar Pérez, presidente/director de Fundación Comunicándonos.
De acuerdo con Sánchez, de DPLF, estas asambleas se han desarrollado cuatro veces en diferentes zonas del país y con diferentes víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. En estos procesos, Sánchez destacó que han comprobado que “las persona aún tiene un espíritu de lucha por la verdad y justicia y que todas las víctimas coinciden en que la respuesta estatal ha sido insuficiente a esta demanda histórica”.
Con edición de Morena Villalobos
