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“La noción de que la única forma de combatir el crimen es destrozando tu democracia es peligrosa” – James McGovern

El demócrata y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos “Tom Lantos” del Congreso de los Estados Unidos, James McGovern, afirmó que el Estado salvadoreño combatió la escalada de violencia que implicó el asesinato de 87 personas durante un fin de semana de marzo pasado con una crisis de desmantelamiento del Estado de derecho.

En una sesión especial, la comisión analizó las implicaciones del régimen de excepción en El Salvador. “El estado de excepción solicitado por el presidente (Nayib) Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa suspendió los derechos civiles y políticos más básicos, incluidos los derechos a libertad de expresión, libertad de asociación y al debido proceso”, dijo McGovern.

La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, ha reformado leyes del país para combatir la violencia de grupos criminales. Sin embargo, estas también han afectado a la población general, como la instauración de jueces sin rostro, la reducción de edad a 12 años para que personas detenidas sean juzgadas como adultos y prohibición a medios de comunicación y particulares de publicar cualquier mensaje emitido por grupos delictivos.

McGovern expresó que, a causa de esto, 9 periodistas han tenido que huir del país. El expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, difundió la cifra en una conferencia de prensa en mayo pasado.

También, recalcó las 73 muertes que distintas organizaciones de la sociedad civil han registrado de personas que se encontraban bajo resguardo estatal en una prisión luego de ser capturadas por fuerzas de seguridad del país. “Más de 50,000 personas han sido acorraladas y puestas en detención preventiva desde que inició el régimen de excepción. Esa es una cifra sorprendente. No se me ocurre ningún equivalente en América Latina, ni siquiera en los peores días de dictadura militar”, manifestó el congresista.

Explicó que estas medidas, aunque puedan ser populares, no significa que sean las correctas, pues el Estado salvadoreño mantiene obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos.

VOCES publicó el mes pasado que funcionarios salvadoreños podrían ser juzgados en tribunales internacionales por el delito de desaparición forzada, el cual está tipificado en el Estatuto de Roma y que puede ser utilizado por la Corte Penal Internacional para enjuiciar personas que lo permitan.

“La noción de que la única forma de combatir el crimen es destrozando tu democracia es miope y peligroso. Francamente, llevará a un futuro que creo que la mayoría de los salvadoreños no quiere ver”, concluyó el alto funcionario estadounidense.

En la comisión participaron también Leonor Arteaga Rubio, directora de Programas de la Fundación del Debido Proceso Legal (DPLF), Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, Héctor Silva Ávalos, periodista salvadoreño y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Foto tomada de adhrb

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