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Los desalojos forzosos también impactan la salud mental, afirma FESPAD

“Los desalojos forzosos se constituyen como una afectación que va más allá de la insatisfacción del derecho humano a la vivienda adecuada. Se ha constatado por medio de esta investigación que un desalojo forzoso, o amenaza del mismo, tiene como consecuencias afectaciones de carácter psicológico, económico y social”, señaló la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en su reciente estudio “Desalojos forzosos en El Salvador: un flagelo multidimensional”.

Entre 2017 y 2021, FESPAD reveló que se registraron un total de 1726 procesos que finalizaron en desalojos forzados. Destacó que, años con año, este fenómeno desencadena “el drama humano de miles de personas en inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, quienes son sometidas a amenazas de desalojos o a la ejecución de estos”.

El informe plantea como uno de los principales impactos a nivel emocional en estos procesos la ruptura del arraigo entre la persona desalojada y su lugar de vivienda. Esto afecta debido a la necesidad latente del ser humano de pertenecer a un espacio o a un grupo social, explica Patricia López, de Médicos del Mundo, citada en el estudio.

López sostiene que, previo a que las personas sean desalojadas forzosamente, estas están en constante vigilancia. Es ahí donde surgen cuadros clínicos de ansiedad generalizada, ideas de suicidio, insomnio, problemas alimenticios, entre otros.

“Estos (desalojos) son transversales a la pobreza, a la falta de oportunidades, todos estos elementos convergen haciendo mucho más difícil la posibilidad de una reubicación segura, o un espacio seguro. Por lo tanto, los síntomas depresivos, la desesperanza y ansiedad son aspectos presentes, muy frecuentes pues es un contexto que genera un malestar emocional”, agrega López.

Lo anterior, sumando a los impactos sociales que conllevan los desplazamientos forzosos, producto de los desalojos y calificadas como “graves violaciones” a una serie de derechos humanos. Entre esos derechos vulnerados destacan el de una vivienda adecuada, la alimentación, agua, salud, educación, trabajo, seguridad de hogar, una vida libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y la libertad de circulación. Todo ello con impacto diferenciado en las mujeres y más en mujeres embarazadas, resaltó el estudio.

FESPAD denunció que desde el Estado salvadoreño ha existido una desatención para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los habitantes salvadoreños, pues no existe un registro total de todos los asentamientos humanos.

A nivel estatal, se recomienda la ejecución de planes de atención física y psicológica a víctimas de desalojos forzosos, mediante la asistencia profesional y gratuita.

Además, la organización argumentó que Ley Especial para la Garantía de la Propiedad y Posesión Regula de Inmuebles atenta contra el derecho a la vivienda, por lo que instó al Estado salvadoreño a derogar dicha ley y crear una política integral de vivienda con enfoque de género e interseccionalidad.

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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