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“No hay avances”, aseguró Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) sobre los procesos incluidos en la Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, aprobado por la Asamblea Legislativa en junio de 2022.
“Lastimosamente esa ley fue una como todas las leyes que se han creado en la Asamblea Legislativa: son para escribirse en un papel, pero sin ningún beneficio a los familiares de las víctimas”, sostuvo Claros, enfatizando también lo inconsulto de la aprobación de esta ley.
Casi dos años ha transcurrido desde que se aprobó esta ley, que como objetivo tiene la creación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria especial, práctico y expedito para establecer el estado familiar, filiación, nacimiento, o muerte de una persona; declarar la unión no matrimonial de víctimas de las masacre de El Mozote y lugares aledaños y habilitar el asentamiento o la rectificación de las correspondientes partidas en los Registros del Estado Familiar de las Alcaldías Municipales competentes. La ley posee una vigencia de tres años.
Tras comprobar el parentesco de familiares con víctimas, estas podrán reclamar las indemnizaciones reconocidas a las víctimas y sus familiares, según la ley.
Según evidenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la sentencia de 2012 de “Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador”, “los libros de partidas de nacimiento y defunciones anteriores a 1983 correspondientes al caserío El Mozote no existen, dado que ‘fueron destruidos durante el conflicto armado´ y que el archivo del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de Arambala ‘fue destruido parcialmente por el conflicto armado´, por lo que sólo algunos libros de partidas existen”.
El “Registro Oficial de víctimas”, elaborado como efecto a dicha sentencia de la CorteIDH, el registro histórico de APDEHM y el registro que el Estado salvadoreño elaboró sobre la masacre, identifican en conjunto a 1,725 víctimas: 988 personas ejecutadas, 660 familiares víctimas, 29 desplazadas y 48 sobrevivientes.
Durante la última década, en casi 400 casos se ha logrado comprobar el parentesco. Desde la aprobación, en junio de 2022, de la ley de víctimas de esta masacre, en al menos una decena de casos han logrado comprobar el parentesco. En más de 500 casos aún existe problemas de documentación, explicó Krisia Moya, abogada que integra al área de Justicia Transicional de Cristosal y titular suplente de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” en el Consejo Directivo del Registro Único de Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el caso de El Mozote y lugares aledaños. Estas cifras hasta finales de 2023.
Luego de aprobarse esta ley por la Asamblea Legislativa, las víctimas de la masacre pidieron al presidente Nayib Bukele no sancionarla. Esto debido a que no fue consultada con las víctimas, la ley no suprimía elementos como la gratuidad para los procesos de diligencias notariales y tampoco regulaba el procedimiento para solventar la problemática en cuanto al reconocimiento oficial de la calidad de madre y/o padre no biológico de hijas e hijos asesinados, entre otras razones.
Para Antonio Aguilar, también abogado del área de Justicia Transicional de Cristosal, al tratarse de un caso calificado como crimen de lesa humanidad perpetrado en contexto de un conflicto armado, el Estado salvadoreño está obligado a respetar los estándares internacionales de justicia transicional, entre estos, que las víctimas estén en el centro de las legislaciones y procesos. “Es decir, que todas aquellas acciones legales, administrativas o institucionales que se vayan a implementar tienen que ser discutidas directamente con las víctimas y los familiares de modo que se generen las condiciones más adecuadas y fáciles. Esto no ha ocurrido”, dijo.
Sumado a lo anterior, la abogada Moya detalló que a la fecha no hay oficialmente una institución que actualice los procesos de las víctimas. En los años anteriores, fue la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) la encargada de dicha labor. Desde su disolución en agosto de 2022, no tienen ni abogados o víctimas acceso a esta base de datos, la cual, presuntamente la tiene en este momento el Ministerio de Economía, según Moya. “Eso nos ha limitado el avance también en el registro”, dijo.
Entre los documentos necesarios para que las víctimas puedan comprobar los parentescos, mencionó Moya, se encuentran las partidas de nacimientos y partidas de defunción. Posterior a estos, siguen los procesos de aceptación de herencia. Todos estos adquieren un grado de complejidad cuando se tratan, por ejemplo, de mujeres embarazadas asesinadas en la masacre, de los niños que en aquel momento no sabían el nombre completo de sus padres, los documentos encontrados no son compatibles con los fallecidos, entre otros escenarios.
La falta de estos elementos tiene repercusiones muy negativas porque si las personas no logran obtener ese tipo de documentación, que el decreto debía de haber permitido, no pueden ser incorporadas plenamente al Registro Único de Víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños, indicó el abogado Aguilar.
“Para mí, uno de los aspectos que se violenta, principalmente, y por el hecho de que ese decreto no está funcionando, es el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral por los daños que le fueron ocasionados a consecuencia de la masacre”, señaló.
Claros detalló que los precios para todos estos procesos rondan entre los $800 y $1000 por el nivel de complejidad de los casos, y la cifra aumenta con abogados particulares y cuando una familia tiene más de un ser querido asesinado en la masacre. “Son familias que tienen que hacer un montón de procesos y la gente no tiene la capacidad económica para pagar abogados y completar todo el proceso legal y ser incorporada al registro”, lamentó.
Según el presidente de APDHEM, desde el inicio de vigencia de esta ley, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció un equipo de 18 abogados para ayudar con los procesos a las víctimas. Sin embargo, actualmente no hay ningún abogado de la PGR apoyando, aseguró.
“Con el pasar de los años los procesos se hace más complejos. Prácticamente no vemos esperanzas que puedan echar a andar esta ley en estos dos años que quedan de vigencia”, manifestó Leonel Claros.
Ante este escenario y a 42 años desde que se perpetró este crimen de lesa humanidad, desde APDHEM, Cristosal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos llaman al Estado salvadoreño e instituciones nacionales a tener más interés en estos procesos y buscar otras metodologías que garanticen la incorporación de los familiares que aún están vivos al registro de víctimas y así finalmente tener reparación.
Hasta final de esta redacción, pese a que VOCES se comunicó con la PGR para obtener su postura al respecto de estos procesos y los posibles avances o no por parte del equipo delegado para ayudar a las víctimas de esta masacre, no hubo respuesta.
Con edición de Morena Villalobos
