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Sin datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y unas votaciones desarrolladas bajo una serie de irregularidades (denunciadas en distintas plataformas), así se autoproclamó Nayib Bukele como presidente reelecto la noche del 4 de febrero desde la segunda planta del Palacio Nacional, ante simpatizantes de él y su partido Nuevas Ideas en la plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador.
“Este día, El Salvador ha roto todos los récords de toda la democracia en toda la historia del mundo desde que existe la democracia. Toda la oposición junta quedó pulverizada… El Salvador, este día ha vuelto a ser historia”, así inició el discurso el aún no oficial mandatario reelecto.
En el mismo discurso, recitado en casi media hora, Bukele destacó la popularidad de su gobierno, sus medidas como el Plan Control Territorial, el régimen de excepción, y, al mismo tiempo, desacreditó el trabajo de periodistas nacionales e internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil.
Durante el periodo de 2019 a 2024, instancias internacionales como Human Right Watch (HRW) y otras han llamado frecuentemente al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos y han cuestionado los proyectos de seguridad utilizados para detener el crimen causado por grupos criminales. “El modelo Bukele es la concentración absoluta de poder, la opacidad y violaciones generalizadas de derechos humanos. El desafío para los líderes democráticos en la región es garantizar la seguridad dentro del Estado de derecho”, sostuvo en su cuenta de “X”, Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de dicho organismo.
Otras de las organizaciones que ha denunciado permanente dicha situación es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), la cual atendió en 2020 un total de 350 casos de violaciones a derechos humanos; en 2021 hubo 311 casos; en 2022 (cuando la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción) atendió 628 casos y en 2023 un total de 525. “Peligrosísimo. El candidato presidente inconstitucional usa su discurso para seguir dividiendo, acosando y estigmatizado”, reaccionó en su cuenta oficial de “X” (a título personal), Gabriela Santos, directora del IDHUCA.
La administración del mandatario se ha caracterizado también por las promesas incumplidas hacia la población que fue víctima del conflicto armado salvadoreño. La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), ha señalado en repetidas ocasiones que el Estado salvadoreño continúa pendiente de aprobar una ley de justicia transicional, es decir, los derechos de verdad y justicia a las víctimas de ese periodo histórico continúa como una deuda. Al mismo tiempo, lamentaron que, por el contario de garantizarle estos derechos, el gobierno ha intentado desacreditar, deslegitimar, manipular y borrar la memoria histórico llamando, por ejemplo, “farsa” a los acuerdos de paz, entre otras razones.
«Solo los salvadoreños sabemos que (los acuerdos de paz) fueron una total farsa por tres razones: primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños y solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió y nunca hubo justicia social»; dijo el mandatario.
«Pero principalmente, los acuerdos de paz, eran una farsa porque aquí nunca hubo paz», añadió.
Otro de los temas cuestionados en el país ha sido el irrespeto y la falta de garantías para el ejercicio periodístico. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han llamado al gobierno establecer condiciones necesarias para garantizar la libertad de prensa.
“Sin la garantía para el ejercicio de una prensa independiente, no puede haber elecciones libres y justas y sin ellas, no puede haber una democracia verdadera. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio periodístico más allá de la coyuntura electoral”, instó la FLIP.
Al momento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado la suspensión del escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales y legislativas, y que procederán directamente al escrutinio final. Esto debido a «algunos inconvenientes», según dijo Dora Esmeralda Martínez, magistrada presidenta del TSE, este 5 de febrero. Pese a ello, la noche del 4 de febrero, Nayib Bukele, durante su discurso, dijo que «en estos próximos cinco años esperen a ver lo que vamos a hacer porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo de El Salvador».
Con edición de Morena Villalobos
