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Un conjunto de expertos del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) evalúa y califica al Estado salvadoreño en cuanto a los avances y cumplimientos de recomendaciones internacionales para el combate y prevención del lavado del dinero y la financiación del terrorismo. Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) llaman a atender la desproporcionalidad del marco normativo actual aplicado a estos sin diferenciar la naturaleza de los movimientos financieros de cada sector.
Representantes de organizaciones como Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) enfatizan que El Salvador ha incumplido la recomendación ocho de este organismo, el cual aborda la puesta en marcha de mejores prácticas para combatir el abuso de organizaciones sin fines de lucro. La recomendación establece como condición una evaluación de riesgo de las OSFL a fin de garantizar que las medidas establecidas sean “específicas y proporcionadas al tipo de riesgo identificado, logrando así el objetivo de prevención, sin perjudicar el logro de los legítimos objetivos de las organizaciones”.
“Cuando a una organización le imponen una serie de obligaciones financieras, las organizaciones más pequeñas tienen dificultades en hacerlo y probablemente sea ineficaz porque no hay ningún riesgo”, dijo Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal.
Iris Montano, técnica jurídica de FESPAD, enfatiza como ejemplo de la desproporcionalidad en el marco normativa de esta materia, la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobada en 1998; la Ley contra Actos del Terrorismo, aprobada en 2006, y el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada en 2021. Este último, según Montano, establece una cantidad de obligaciones a diferentes sujetos obligados, entre estos las organizaciones.
“Nuestro objetivo principal es cumplir con todas aquellas recomendaciones y obligaciones que nos establezcan en nuestros marcos legales. Sin embargo, estamos preocupados porque es un enfoque de talla única del instructivo. Nosotros estamos con otras grandes instituciones financieras y empresas como sujetos obligados. Eso nos implica recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos y muchas organizaciones no poseen esa estructura para poder enfrentar a este instructivo”, señaló.
Montano agregó, con base un análisis sobre el nivel de riesgo de las OSFL en El Salvador publicado en 2023, que la percepción desde este sector, más de la mitad considera que no existe ningún riesgo de que las oenegés en el país se utilicen para el lavado de dinero y financiación de terrorismo. “Estos es debido a que las organizaciones tienen buenas prácticas dentro de su estructura organizativa y también están controlados por medio de los cooperantes respecto al cumplimiento de diferentes requisitos para el manejo de los fondos que se le proveen para los diferentes proyectos”, sostuvo.
“Tenemos controles desde el Ministerio de Gobernación, desde el Ministerio de Hacienda, desde las auditorías que realizan los mismos cooperantes. Es decir, si el asunto es el control, controles hay por todos lados. Pareciera que la intención de esa normativa es otra y no proteger a las organizaciones de sociedad civil de ser víctimas de lavado de dinero o de terrorismo, sino más bien para tener una red más puntual de vigilancia frente a las actividades que realizan las organizaciones”, señaló Amalia López, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Asimismo, cuestionó: “¿Por qué no se controlan sectores que de verdad tienen un riesgo grande para ser utilizadas para el financiamiento de terrorismo o para el lavado de dinero y sí se quiere controlar el trabajo de organizaciones de sociedad civil que lo que viene haciendo es llevar a territorio beneficios que el Estado no es capaz llevar?”.
De acuerdo con las organizaciones, la última evaluación a El Salvador fue en 2021. Previamente, El Salvador fue miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), pero posteriormente se trasladó en diciembre de 2021 al GAFILAT. En este escenario, Cristosal, FESPAD y otras organizaciones llamaron al conjunto de expertos que evalúan al país a tener en cuantas que las perspectivas de estas sobre el cumplimiento de la recomendación ocho e insumos que podrían brindarles como informes desarrollados por los mismos.
Con edición de Morena Villalobos
