Armando Briñis Zambrano

Tras casi seis décadas de bloqueo, la población cubana vive hoy una situación especialmente difícil que afecta su bienestar, su integridad y su sustento, afectando el acceso a productos, servicios y medicamentos de primera necesidad.  Como resultado del impacto combinado de las 243 medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump contra Cuba en solo cuatro años, con el propósito de estrechar el cerco económico y cortar todas las fuentes de ingreso a la economía de nuestro país, se han dificultado a niveles extremos el acceso de Cuba a ingresos económicos, así como las operaciones financieras para garantizar el comercio, la inversión y los procesos productivos imprescindibles.

Estas medidas no constituyen simples acciones de recrudecimiento del bloqueo, sino nuevas y extremas acciones de presión, hostigamiento y presión económica, que atentan contra el Derecho Internacional y la libertad de comercio y navegación. Muestra de ello es la persecución y sanción a 59 embarcaciones que trasladaban combustible a Cuba y casi 30 empresas vinculadas a esta actividad imprescindible para el funcionamiento del país y los servicios de la población como el gas, el transporte y la electricidad.

La aplicación extraterritorial del bloqueo ha alcanzado niveles de agresividad sin precedentes. Sus efectos perjudican los intereses y derechos soberanos de Cuba y de terceros países, que no están exentos de sufrir las consecuencias de esta cruel e ilegal política, que contraviene los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, incluidas las normas internacionales de comercio y la libertad de navegación.  

El gobierno estadounidense ha aprovechado las difíciles condiciones generadas por la pandemia de COVID-19 para dar un apretar aún más las regulaciones del bloqueo con el propósito de desestabilizar al país y lograr imponer sus intereses de dominación y política interna electoral.

Para Cuba, estas restricciones profundizan los múltiples desafíos impuestos por la pandemia y multiplican sus efectos devastadores en el ámbito socioeconómico, sanitario y financiero. Estas medidas han obstaculizado, en reiteradas ocasiones, el arribo de ayuda humanitaria al país, lo cual resulta inmoral e injustificable en el contexto del enfrentamiento a la pandemia y pone de manifiesto la naturaleza criminal del bloqueo.

En las condiciones actuales, el bloqueo supone una carga descomunal para la población y la economía cubanas, con agudas consecuencias en el contexto de la COVID-19, en el que Cuba ha tenido que dedicar cuantiosos recursos para garantizar con urgencia el equipamiento y los materiales necesarios para su Sistema Nacional de Salud en detrimento de otros productos y medicamentos necesarios para la población.

El impacto del bloqueo en el sector de la salud se refleja en el desabastecimiento de productos imprescindibles para el consumo de la población, así como las dificultades de la industria nacional para adquirir insumos necesarios para la conservación de alimentos, la producción de medicamentos y otros.

Cuba debió recurrir a otros proveedores como intermediarios, lo que supuso un incremento de precio que osciló entre el 50 y el 65 por ciento del establecido históricamente, dada la imposibilidad de contratar directamente al fabricante.

En el período, el país no pudo acceder a un total de 32 equipos e insumos relacionados con la producción de candidatos vacunales contra la COVID-19 o con la ejecución de etapas que permiten la culminación de los estudios clínicos de la vacuna, entre estos, equipamiento para la purificación de los candidatos vacunales, aditamentos para equipos de producción, tanques y cápsulas de filtración, solución de cloruro de potasio, timerosal, bolsas y reactivos.

Las prioridades declaradas por EE.UU. en materia de derechos humanos, de liderazgo en el enfrentamiento a la COVID-19 y de rectificación de las políticas atroces del gobierno anterior, contrastan con la evidente indiferencia e insensibilidad con que el gobierno del presidente Joe Biden continúa aplicando las políticas implementadas por la administración de Donald Trump contra Cuba.

El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos. Califica como acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y como un acto de guerra económica según la Conferencia Naval de Londres de 1909. Esta política constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno, y continúa representando un freno para el desarrollo de las potencialidades de la economía cubana, para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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