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La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, junto a otras organizaciones ambientalistas y comunidades guatemaltecas, anunciaron una campaña internacional para exigirle a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Canadá el cierre de la mina Cerro Blanco.
«Sabemos que la empresa es canadiense, sabemos que todo el financiamiento viene desde las financistas canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, ante eso nosotros hemos desarrollado una alianza con organizaciones canadienses para lanzar una campaña para denunciar las operaciones de la empresa en Canadá, las violaciones a los derechos humanos e irregularidades generadas en la obtención de permiso para la explotación», señaló Pedro Cabezas de la Alianza Centroamérica Frente a la Minería.
En este marco, las organizaciones publicaron un informe sobre la actual situación del proyecto minero Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestones Resources, basado en estudios y advertencias de distintos especialistas.
En el informe advirtieron que la mina Cerro Blanco se encuentra en una zona ambientalmente sensible compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Asimismo, Nelly Silva, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador (AMAES) reiteró que este proyecto minero representa un inminente peligro de contaminacion de las cuencas del río Ostúa, el lago Güija y el río Lempa.
También, tendría otras consecuencias sociales como como refugiados ambientales y la precarización de la calidad de vida con énfasis en las mujeres.
Las organizaciones lamentaron que pese a que la lucha en contra de este proyecto minero se inició desde 2008, ninguno de los gobiernos de El Salvador hasta la fecha «ha hecho nada».
«Es penoso que la administración pública -salvadoreña- no tenga un posicionamiento de rechazo al proyecto minero tranfronterizo “Cerro Blanco” considerando que a estas alturas no desconocen que somos un país agua dependiente y que nuestro territorio no es viable para el desarrollo de la minería transfronteriza», señalaron en un comunicado.
Las organizaciones exigen que la empresa Bluestones Resources cierre sus operaciones en la mina Cerro Blanco, y que los gobiernos prioricen los derechos humanos y ambientales por encima de los intereses económicos de terceros.
Con edición de Diego Hernández
