La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro–Memoria Histórica rechazan las recientes declaraciones que brindó el presidente de la República Nayib Bukele en el caserío El Mozote, en Morazán.
Oscar Leonel Tobar, miembro de la Asociación de víctimas de El Mozote, mencionó que el presidente negó acceso a las comunidades del lugar, donde se agrupa la mayor cantidad de víctimas de dicha masacre.
«Aglomeró a unas comunidades, y sí teníamos miembros pero solo llegó a
crear controversia entre las comunidades y las asociaciones», mencionó.
José Cruz Vigil, miembro de la Asociación agregó que uno de los problemas principales ha sido la marginación y atropello que se ha tenido frente a la misma masacre.
Irene Gómez, parte demandante de el caso El Mozote y lugares aledaños, por parte de Cristosal, dijo que el gobierno desvalora el papel histórico de los Acuerdos de Paz y que el ataque a miembros defensores de derechos humanos es una posición estratégica.
«El ataque directo a David Morales es una forma de tapar las inspecciones a los archivos militares», dijo.
«Las organizaciones y personas que acompañamos a las víctimas de violaciones lo hacemos porque el Estado decidió ignorar a las personas«: David Ortíz, FESPAD.
Las organizaciones esperan que el presidente se ponga del lado de las víctimas y no de los víctimarios como consideran. Esperan, además que haga cumplimiento con las Sentencias de la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).